Cuándo el presidente Donald Trump llegó por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, usó su primer día de su nuevo mandato para firmar una serie de decretos entre los que figuraba de manera prominente la intención de terminar con la ciudadanía por nacimiento, como parte de una política migratoria que busca detenciones y deportaciones masivas.

Esa intención entró el miércoles a la atención de la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a la audiencia, como muestra de la importancia que le asigna al tema. 

Para muchos, esa presencia fue una forma de poner presión sobre magistrados que parecen escépticos respecto a los argumentos presentados, aunque no los desecharon de entrada: después de todo, seis de los nueve jueces fueron nombrados por presidentes republicanos, y tres de ellos por el propio Trump durante su primer mandato.

Pero los jueces conservadores son renuentes a modificar la Constitución, aunque dos de ellos -Clarence Thomas y Samuel Alito- son considerados más políticamente sensibles a alegatos derechistas.

El impacto negativo de una reforma de ese tipo sería enorme, especialmente en detrimento de la minoría latina.

"Durante más de 150 años, la ciudadanía por derecho de nacimiento ha garantizado que el futuro de ningún niño esté determinado por el estatus migratorio de sus padres. Desmantelarla crearía una subclase permanente de personas nacidas en suelo estadounidense, profundizando el miedo, la división y la inestabilidad en las comunidades de todo el país", señaló la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO).

La ciudadanía por nacimiento es parte de la jurisprudencia estadounidense desde 1866, en la 14 enmienda constitucional, que fue resultado de la guerra civil y la abolición de la esclavitud al garantizar igualdad y derechos a todos los nacidos en Estados Unidos.

Pero para muchos en los Estados Unidos, o al menos dentro de la coalición que apoyó la elección de Trump, la ciudadanía por nacimiento no sólo garantizó la igualdad racial, sino la posibilidad de qué esos niños nacidos en Estados Unidos sean usados por sus padres indocumentados para obtener la residencia legal o hasta como parte de lo que llaman la “invasión“ de migrantes del "tercer mundo" hacia su país.

Hablan también, por supuesto, de qué se trata de evitar que los indocumentados abusen del sistema y tengan acceso a los servicios y ayudas a costa del presupuesto estadounidense.

Pero para muchos, también, es parte de una definición mayor: ¿quién tiene derecho a ser estadounidense? ¿quién es un ser humano? 

Esas son preguntas que de acuerdo con el periodista y politólogo Howard Fineman forman parte del debate estadounidense desde hace más de 200 años.

Los argumentos, y hasta los sujetos han cambiado y ahora tienen acentos raciales y hasta religiosos, pero en más de un sentido puede afirmarse que el debate sigue sin resolverse.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS   

COLABORADOR    

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@CARRENOJOSE