La respuesta del gobierno mexicano a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU fue más rijosa que rigurosa. No sólo se negó a registrar las complejidades del diagnóstico en el que se basa; lo objetó a partir de una lectura tergiversada del mismo, útil no para hacerse cargo sino para darse por agraviado y, desde ahí, descalificarlo. El CDF no dijo lo que México salió a desmentir airadamente: dijo algo mucho más sensato, incómodo y, por lo tanto, difícil de admitir.

En su “Decisión en virtud del artículo 34 de la Convención: México”, el CDF afirma dos cosas. Una es que existen “indicios bien fundados” de que en México “se han perpetrado y se siguen perpetrando” desapariciones forzadas. La otra, que “no hay indicios fundados de la existencia, a nivel federal, de una política orientada a la comisión de tales actos”. El documento no le atribuye una responsabilidad directa al gobierno federal; describe el hecho de que un crimen de lesa humanidad se sigue cometiendo, de manera “generalizada o sistemática” y en “casi total impunidad”, con la participación de autoridades o con su complicidad, respaldo, aquiescencia u omisión.

Por eso el CDF activa el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicita al secretario general de la ONU llevar el asunto a la Asamblea General: para que considere adoptar medidas de cooperación, apoyo y asistencia al Estado mexicano, así como para el establecimiento de un mecanismo que esclarezca la verdad, ayude y proteja “a las familias que buscan a sus seres queridos”, así como a las organizaciones y defensores que las acompañan.

Pero el gobierno de Sheinbaum reaccionó como si tuviera la situación de las desapariciones bajo control y la ONU estuviera imputándole un delito, desplazando así la discusión de la gravedad del problema a un supuesto desconocimiento de los “avances institucionales” en la materia a partir de 2019 y 2025. Más que como un Estado que enfrenta una crisis y asume sus obligaciones al respecto, México replicó como un partido político que rechaza las acusaciones de sus adversarios.

El CDF no debate si en los últimos años hubo nuevas políticas, reformas normativas o cambios procedimentales. Observa que, pese a todo eso, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo a gran escala. No como casos aislados sino como un fenómeno estructural.

La susceptibilidad diplomática con la que respondió México confirma, paradójicamente, su falta de capacidad para atender con seriedad el desafío. Porque al deformar el diagnóstico y ponerse tan a la defensiva, el gobierno mexicano falló no sólo en evitar, investigar o sancionar las desapariciones: falló también en su disposición a aceptar la dimensión real de la crisis. Y, en ese sentido, terminó demostrando aquello que se empeña en refutar.

Al final, estamos ante una doble catástrofe: no sólo porque no se resuelve, sino porque ya ni siquiera se sabe reconocer como tal.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg