Cuando la reforma judicial estaba en su efervescencia pública, Ricardo Raphael hizo una propuesta valiente: si quieren justicia cercana al pueblo, más que elegir, deberíamos restituir el sistema de jurado popular que existió en México hasta 1929, y que fue suprimido por una reacción política, episodio histórico magistralmente detallado en su artículo periodístico: “Revivir jurado popular, mejor que votar jueces”.

En estos días, he repensado esa propuesta y considero que apunta a donde deberíamos direccionar nuestros esfuerzos democráticos: no sólo en crear instituciones para sufragar a las personas que forjen las decisiones públicas sino en construir un sistema en donde la ciudadanía pudiera ser en verdad escuchada y oída, porque son el factor decisivo final en la toma de las decisiones trascendentales para nuestro país.

México ha vuelto a ser el escenario de un modelo hegemónico partidista en donde la “legitimidad” de sus decisiones son los votos que acumulan en la alforja partidista. Hemos visto cómo reformas trascendentales son aprobadas con el velo ilusorio de la participación ciudadana. Se hacen encuentros, encuestas, consultas, foros, todos denominados “ciudadanos”, y, con eso, barnizan sus decisiones con la “voz popular”, pero los convocados sólo son “escuchados, pero no oídos”.

La incidencia real de esos foros ha sido mínima, por no decir inexistente. Las aprobaciones de enmiendas constitucionales y legales meteóricas dan cuenta que el cálculo político, partidista o de lealtades personales, son la determinante central, y no la voz popular en los consensos legislativos.

Si la idea central de un “jurado popular” en las funciones jurisdiccionales es que las decisiones de un juez se alimenten de veredictos informados de ciudadanos comunes, esta misma premisa debería trasladarse a la función legislativa: un jurado popular legislativo, de ciudadanos, para brindar la decisión final a las confecciones legislativas.

Pensar en este “jurado legislativo” como en el “jurado judicial”, sería reconocer que la sabiduría no es propiedad exclusiva de los funcionarios engalanados con el voto popular, sino un recurso permanente entre todas las personas. Es en el consenso de los diversos crisoles de nuestra mexicanidad, en los que encontraríamos las soluciones a nuestros problemas. Desde la unidad, y no la polaridad, es en donde hallaremos el frente común a construir.

Un ejemplo de este idílico consenso ciudadano lo encontramos en Irlanda. En sus procesos parlamentarios el “juicio ciudadano” es el corazón de ese sistema y el antídoto para sanear los problemas que la política tradicional no puede, o no quiere resolver.

En su maquinaría deliberativa, un hito notable fue la Asamblea Ciudadana 2016-2018 de Irlanda, que se compuso de 99 ciudadanos comunes [sin políticos en su integración], seleccionados por sorteo cívico estratificado en términos de edad, género, clase social y región geográfica.

Pero además de su integración plural, el proceso deliberativo fue ejemplo de una verdadera “inteligencia colectiva”, pues no sólo fue una simple votación de preferencias, sino un proceso que exigió conjuntamente aprendizaje, deliberación y consensos.

Necesitamos en estos momentos más deliberación ciudadana y menos partidista: que el músculo democrático se ejercite desde una verdadera fuerza popular que sea escuchada, oída y efectivamente empoderada.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, MINISTRO EN RETIRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN