Hay victorias que no deberían tardar una década y media. Lo ocurrido con Wirikuta no es solo una resolución judicial relevante; es también un espejo incómodo de cómo se toman, se defienden y se sostienen ciertas decisiones en este país. La cancelación de decenas de concesiones mineras en territorio sagrado del pueblo Wixárika confirma algo que durante años se quiso minimizar: sí se intentó abrir a la extracción una zona con valor espiritual, cultural, ambiental e histórico, y sí se hizo sin escuchar primero a quienes llevan siglos dándole sentido a ese territorio. La noticia, por supuesto, llega envuelta en palabras como “sentencia definitiva”, “consulta previa” y “reparación integral”, pero debajo de ese lenguaje jurídico hay una verdad más simple y más dura: durante años, el Estado actuó como si pedir permiso fuera un trámite opcional cuando el negocio prometía demasiado. Y ese es el fondo del asunto. No era solo minería; era una forma de gobernar donde el mapa económico suele imponerse al mapa de la memoria, la cultura y la dignidad. Lo grave no es únicamente que se hayan otorgado concesiones. Lo verdaderamente alarmante es que durante tanto tiempo eso pareciera normal. También conviene no romantizar demasiado el fallo. Sí, representa una victoria histórica. Sí, manda un mensaje poderoso. Pero no significa que la amenaza desapareció para siempre. La propia resolución deja abierta la puerta a futuros proyectos, siempre y cuando exista consulta. Y ahí está el nuevo campo de batalla: la consulta puede ser una herramienta de justicia, o una simulación bien maquillada, si no se garantiza que sea realmente libre, informada y respetuosa. En México ya conocemos demasiado bien esa costumbre de “socializar” decisiones que en realidad ya vienen tomadas desde arriba. Wirikuta no sólo pone en discusión a las mineras; pone en discusión el modelo completo de desarrollo que seguimos aplaudiendo sin revisar a quién desplaza, a quién desgasta y a quién silencia. Porque mientras algunos siguen viendo el Altiplano como reserva de recursos, otros lo entienden como un territorio vivo, sagrado y no sustituible. Y entre esas dos visiones no hay un simple desacuerdo técnico: hay una disputa profunda sobre qué vale más en este país, si la utilidad inmediata o la permanencia de lo esencial. La verdadera pregunta no es por qué tardó tanto esta sentencia. La pregunta es cuántos otros territorios siguen esperando que un juez les reconozca lo que nunca debió ponerse en duda. Porque si para que se respete lo sagrado se necesitan quince años de resistencia, entonces el problema nunca fue solo la minería: fue la costumbre de creer que todo se puede concesionar, incluso lo que una nación debería aprender, de una vez por todas, a proteger. ¡Excelente semana!