El estado de Sinaloa enfrenta desde hace años un complejo problema de gobernanza criminal, en el que organizaciones delictivas han mantenido influencia y control sobre amplios sectores de la población y distintas actividades, afirmó en entrevista para “Así las Cosas” Francisco Salazar Soni, experto en temas de seguridad. Al analizar la situación que atraviesa la entidad y el debate generado en torno al gobernador Rubén Rocha Moya, el especialista señaló que Sinaloa tiene características particulares y una dinámica criminal de larga data que ha sido estudiada incluso a nivel internacional. Explicó que durante años se han establecido acuerdos entre grupos delictivos que, aunque no representan condiciones de seguridad para la población, permitían mantener cierto control sobre la delincuencia común y otros fenómenos criminales. Sin embargo, advirtió que cuando estos pactos se fracturan, las consecuencias recaen directamente sobre la ciudadanía. “Es un problema de gobernanza criminal de muchos años, en donde las organizaciones delictivas han expandido el control sobre cientos de miles de personas bajo una especie de gobierno criminal”, sostuvo Salazar Soni. El experto señaló que esta relación entre organizaciones criminales y actores ilegales puede coexistir dentro de un mismo territorio, pero no significa que exista seguridad para la población. En este contexto, consideró que las instituciones de seguridad pueden tener un margen de maniobra limitado en algunas regiones, debido a que mantienen estructuras de mando verticales y deben acatar las órdenes de sus superiores. Advirtió que el panorama puede complicarse cuando las instrucciones institucionales están relacionadas con protección, tolerancia o aquiescencia hacia actividades criminales. “Si el mandato y la orden viene con una carga criminal o de protección o de aquiescencia en sus actividades, pues no se ve un panorama satisfactorio en algunos territorios”, afirmó. Respecto a Jalisco, Salazar Soni señaló que la entidad tiene una situación distinta debido a su capacidad económica y a la presencia e intervención de autoridades federales para enfrentar a las principales organizaciones criminales. Sin embargo, consideró que esto no significa que el estado esté exento de riesgos, pues algunas regiones y municipios pueden desarrollar dinámicas de gobernanza criminal que podrían romperse en cualquier momento. El especialista identificó como algunos de los principales problemas de Jalisco la desaparición de personas y el reclutamiento de personas por parte de grupos criminales, fenómenos que, dijo, requieren mayor transparencia y atención institucional. También destacó la importancia de la situación de las zonas costeras y turísticas de Jalisco, debido a la relevancia que tiene el estado a nivel internacional. En su opinión, mantener condiciones de estabilidad en estas regiones representa un desafío particularmente importante para las autoridades, debido al peso económico y turístico de la entidad. Salazar Soni consideró que Jalisco debe evitar cualquier circunstancia que pueda generar legitimidad o normalización de los grupos criminales y fortalecer las acciones institucionales para atender los problemas que afectan a la población. El experto sostuvo que tanto Sinaloa como otras entidades del país muestran distintos niveles de gobernanza criminal, algunos de ellos menos visibles, pero que representan un reto para las instituciones y para la seguridad de los ciudadanos.