La senadora Ruth González Silva propuso reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para garantizar protección a personas que denuncien actos de corrupción o participen como testigos en faltas administrativas graves. “El principal objetivo es fortalecer el marco jurídico para garantizar que quien denuncie actos de corrupción o participe como testigo en un procedimiento cuente con medidas efectivas, proporcionales y oportunas que salvaguarden su integridad, su estabilidad laboral y sus derechos", destacó en tribuna.  La legisladora por San Luis Potosí, apuntó que la baja proporción de denuncias refleja desconfianza y temor. Ya que cuando denunciar se percibe como riesgoso, se debilita el combate a la corrupción. El proyecto contempla que las medidas de protección sean proporcionales al riesgo, bajo principios de confidencialidad, dignidad y debida diligencia, e incluso prevé extenderlas a familiares cuando exista peligro. Además, propone tipificar como falta administrativa grave cualquier represalia contra denunciantes, como despidos injustificados, hostigamiento o amenazas. La legisladora también planteó que el Sistema Nacional Anticorrupción difunda los mecanismos de protección, con el fin de incentivar la denuncia.

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