California y otros seis estados presentaron el miércoles una demanda contra la Administración de Donald Trump, a la que acusan de retener fondos federales aprobados por el Congreso, incluidos 810 millones de dólares que la Casa Blanca decidió cancelar antes de que terminara el ejercicio fiscal.

La demanda abre un frente jurídico sobre los límites del poder presidencial en materia de gasto. Esto ocurre después de que la semana pasada el presidente Donald Trump intentara retener recursos aprobados por el Congreso para programas de inmigración, cuestiones raciales y educación.

La Casa Blanca recurrió a una técnica conocida como “rescisión de última hora”, que consiste en enviar al Congreso una solicitud para cancelar fondos cuando el ejercicio fiscal está por terminar y los recursos caducan antes de que los legisladores puedan actuar.

Estados cuestionan la retención de fondos

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y está encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta.

El documento sostiene que la negativa del Gobierno a gastar los fondos asignados viola las cláusulas constitucionales de separación de poderes, asignaciones presupuestarias y presentación de proyectos de ley.

Sigo consternado por el flagrante desprecio del presidente Trump hacia el marco constitucional básico de nuestro Gobierno. El hecho de que al presidente no le guste un programa no significa que pueda dejar de financiarlo”, dijo Bonta en un comunicado.

Reclamo por la autoridad del Congreso

De acuerdo con los estados, los esfuerzos del Gobierno del presidente Trump para retener los recursos federales socavan la competencia exclusiva del Congreso para controlar el gasto federal.

La Constitución otorga al Congreso la potestad presupuestaria, por lo que la demanda cuestiona que la administración pueda impedir el uso de recursos aprobados por los legisladores. La llamada “rescisión de última hora” ha generado críticas bipartidistas, debido a que se considera un intento de eludir la autoridad constitucional del Congreso sobre el gasto federal.

La Casa Blanca también afirmó entonces que los programas involucrados fomentaban la inmigración irregular, avivaban las tensiones raciales y promovían enfoques alarmistas en materia ambiental.

Los estados sostienen, en cambio, que la retención de los fondos rebasa las facultades del Ejecutivo y afecta la atribución del Congreso para decidir sobre el gasto federal. La controversia se centra en la separación de poderes y en los límites de la autoridad presidencial para disponer de recursos aprobados por el Legislativo.

No fue posible contactar con la Casa Blanca para recabar comentarios fuera del horario habitual.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Con información de Excélsior