El principal problema del sistema de justicia penal mexicano continúa concentrándose en las fiscalías, donde el rezago de investigaciones sin resolver ha crecido de manera sostenida durante los últimos años; así lo señaló Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de 'México Evalúa'.

Para Así las Cosas, explicó los hallazgos de la más reciente 'Radiografía de las Fiscalías en México', reporte que evidencia el aumento de asuntos pendientes desde la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en 2016 e indicó: "Cuando inició este modelo existían alrededor de 440 mil casos sin resolver, mientras que actualmente la cifra supera los 2.5 millones de expedientes acumulados".

Ante ello, Susana Camacho subrayó que este crecimiento refleja que las fiscalías continúan recibiendo denuncias, pero no logran resolverlas al mismo ritmo, generando una acumulación constante que termina por convertirse en una gran carga para el sistema.

Asimismo, destacó que cerca del 35 por ciento de los asuntos que logran superar el primer paso de la denuncia terminan en archivo temporal dentro de las fiscalías estatales, esto implica, en la práctica, suspender las investigaciones sin avances relevantes, situación que alimenta la percepción ciudadana de que denunciar rara vez produce resultados concretos.

Por ello, consideró que la desconfianza de la población hacia las instituciones de procuración de justicia tiene fundamentos reales, ya que en muchos casos las denuncias no derivan en investigaciones efectivas ni en sanciones.

La especialista también advirtió que las fiscalías aún no terminan de asumir plenamente su papel dentro del sistema de justicia y mantienen deficiencias de coordinación con otras instituciones, particularmente con las corporaciones policiales.

De igual manera, mencionó que las policías municipales, por ejemplo, cuentan con información valiosa sobre los delitos que afectan cotidianamente a la población, por lo que una mayor colaboración podría fortalecer las capacidades de investigación.

Además, sostuvo que las fiscalías deben dejar atrás la lógica heredada del sistema anterior, donde predominaba la tramitación de expedientes, y asumir con mayor claridad que su función central consiste en investigar delitos y presentar casos sólidos ante los jueces.

Respecto de San Luis Potosí, indicó que la entidad se ubica cerca del promedio nacional en el uso del archivo temporal, ya que aproximadamente una cuarta parte de las investigaciones termina bajo esta figura.

No obstante, otro hallazgo que llamó la atención del estudio fue que, de acuerdo con información reportada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la fiscalía potosina no registró personal ministerial en sus estadísticas, mientras que cerca del 64 por ciento de su plantilla corresponde a personal administrativo.

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Finalmente, informó que es poco probable que la institución carezca realmente de fiscales, por lo que atribuyó esta situación a problemas de transparencia y calidad en la información reportada. En este sentido, hizo un llamado a las fiscalías del país para proporcionar datos más precisos que permitan evaluar con claridad el estado de la procuración de justicia en México.