La percepción de corrupción en el país subió de 83% a 84% entre 2023 y 2025, revirtiendo la tendencia a la baja observada desde 2017, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Aunado a ello, para este año la corrupción alcanzó un costo de casi 25 mil millones de pesos, que equivale a un promedio de 5,432 pesos por ciudadano, siendo un incremento del 15% respecto al año anterior y es el punto más alto desde 2015.

La evaluación posicionó a San Luis Potosí en el noveno lugar en lo positivo, con una percepción del 79%, reflejando que 8 de cada 10 personas sitúan la corrupción como algo frecuente. Querétaro fue el de menor porcentaje, con un 67%.

Sebastián Corona, investigador de sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que la policía y los partidos políticos fueron las instituciones públicas con la mayor percepción de corrupción frecuente, seguidos de Ministerios Públicos y Fiscalía Estatal. No obstante, esta también se percibe desde el entorno personal, proveniente de familiares y compañeros de trabajo: “se puede deber a una necesidad económica más grande, por lo que gente en el poder se aprovecha de la situación”.

Añadió que 15,642 de cada 100 mil habitantes, aproximadamente el 16% de las personas que debe hacer un trámite, tuvo que ser parte de la corrupción, ya sea obligada o voluntariamente.

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Para su erradicación, el investigador del IMCO señaló que se propone la digitalización de los trámites que cualquier persona deba realizar con el gobierno: “Restar interacción humana con funcionarios podría evitar la tentación de caer en actos de corrupción, además de que se agiliza el proceso y quitas intermediarios”. Para las empresas, se prevé simplificar trámites empresariales que normalmente por su complejidad y tiempo de espera suelen alentar a la corrupción, llegando a triplicar el precio original.