La decisión de que los partidos políticos reciban presupuesto público para su financiamiento, que es mayor al que pueden recibir de manera privada, radica principalmente en que se busca evitar que con recursos privados se cubra una política que pueda estar llena de intereses económicos o incluso de recursos ilícitos, aseguró en entrevista para AltaVox el economista Javier Rueda.

Si bien la fórmula del financiamiento público seguro que es bastante clara, reconoció que se han generado diversas dudas.

Detalló que se ha establecido que el 65 por ciento de la UMA, por el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral, es lo que se considera en dicho financiamiento; sin embargo, el costo anual del sistema de partidos ha ido incrementando por el crecimiento de la población, provocando que este en su totalidad supere los 13 mil millones de pesos.

“Casi 40 mdp diarios se están destinando a la parte de línea política”, puntualizó.

Si bien se ha considerado exagerado porque en él se contempla a todos aquellos que han logrado conservar el registro, garantizando un recurso bastante considerable a pesar de su poca captación del electorado.

Aseguró que sólo se considere el nivel de representación para otorgarles recursos a cada uno de los partidos políticos que existen en México y no los resultados de los mismos o soluciones que han brindado a la ciudadanía.

Aunque se ha buscado establecer límites en el financiamiento privado, el excedente y el origen han provocado que el sistema democrático sea considerado muy complicado.

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Descartó que alguien busque tocar el presupuesto de los partidos debido a que existen intereses partidistas, lo cual vuelve complicada la discusión.