Este 8 de septiembre la OCDE presentará los resultados de PISA 2025, una evaluación que vuelve a colocar a nuestro país frente a un espejo incómodo: ¿qué aprendieron realmente nuestros adolescentes después de un cuarto de siglo de políticas educativas, reformas curriculares, cambios de gobierno, nuevas leyes y discursos de transformación?

México participa en PISA desde el año 2000. La edición de 2025 no representa simplemente una nueva fotografía. Es, por primera vez, la posibilidad de observar con mayor perspectiva una película de 25 años y ahí está la verdadera importancia de los resultados que conoceremos esta semana.

Durante un cuarto de siglo han pasado generaciones enteras de estudiantes por las aulas mexicanas. Quienes tenían 15 años cuando se aplicó PISA 2000 hoy rondan los 41 años. Sus hijos pueden estar actualmente sentados en las mismas escuelas que ellos ocuparon. Entre ambos momentos cambiaron gobiernos, libros de texto, programas de estudio, modelos pedagógicos y concepciones sobre lo que significa educar. Pero una pregunta permanece: ¿cambió realmente lo que los estudiantes son capaces de hacer?

Los resultados de 2022 ya habían dejado una advertencia difícil de ignorar. México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias. En matemáticas, el resultado prácticamente regresó al nivel observado al inicio de la participación mexicana en la prueba. La OCDE señaló que la caída de 2018 a 2022 revirtió buena parte de las ganancias obtenidas entre 2003 y 2009.

La lectura longitudinal resulta todavía más incómoda. Si se compara 2000 con 2022, México pasó de 422 a 415 puntos en lectura; en ciencias, de 422 a 410; y en matemáticas, de 387 en 2003 a 395 en 2022. Es decir, después de más de dos décadas, el avance es extraordinariamente limitado y en algunas áreas existe incluso retroceso.

Esto obliga a cambiar la pregunta. ¿qué hemos hecho durante 25 años con la información que PISA nos ha proporcionado? Porque el problema no ha sido la ausencia de datos. Desde el año 2000 conocemos nuestras debilidades. Sabemos que una proporción importante de adolescentes tiene dificultades para comprender textos, interpretar información, resolver problemas matemáticos y aplicar conocimientos científicos a situaciones de la vida cotidiana. También sabemos que las desigualdades socioeconómicas están estrechamente relacionadas con los resultados educativos.

Mexicanos Primero ha insistido precisamente en este punto. La organización defendió la continuidad de PISA 2025 porque considera que la serie histórica permite conocer avances y brechas y evaluar si las políticas educativas realmente están funcionando. En 2024 advirtió incluso que México corría el riesgo de interrumpir una trayectoria de 25 años de participación.

La preocupación no era exagerada. Durante los últimos años México abandonó o dejó de participar en distintos ejercicios internacionales, entre ellos TALIS e ICCS, mientras que también quedó fuera de ERCE 2025. Mexicanos Primero ha señalado que esta pérdida de mediciones limita la capacidad del país para saber cuánto y cómo aprenden sus estudiantes.

Por eso PISA 2025 importa más de lo que parece porque puede convertirse en el primer gran punto de referencia internacional para analizar los resultados después de la pandemia y en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana. Importa porque los jóvenes evaluados en 2025 han vivido buena parte de su trayectoria escolar bajo transformaciones educativas recientes y nos permite observar si los cambios de discurso se están convirtiendo en cambios verificables en las capacidades de los estudiantes.

No se trata de celebrar si México sube posiciones ni de organizar un funeral nacional si baja. Su utilidad está en comprender qué pueden hacer los estudiantes con sus conocimientos y cómo esas capacidades se relacionan con otros factores del sistema educativo. PISA no es juez ni salvador. Es evidencia.

Aquí aparece una primera gran lección. México ha cambiado muchas veces de política educativa sin construir suficiente continuidad en la evaluación de sus resultados. Cada administración parece comenzar nuevamente la historia, como si el sistema educativo pudiera reiniciarse cada seis años. Se modifican planes, programas y narrativas, pero rara vez existe una evaluación longitudinal suficientemente robusta que permita identificar qué funcionó, qué fracasó y qué debe mantenerse.

La crítica de especialistas como Marco Fernández —quien durante años ha insistido en la necesidad de fortalecer la evidencia, la transparencia y la rendición de cuentas educativas— resulta particularmente pertinente. Su trabajo ha mostrado que sin información confiable el Estado pierde capacidad para gobernar eficazmente el sistema educativo. En 2015, por ejemplo, cuestionaba ya la debilidad institucional que acompañaba decisiones educativas tomadas bajo presión política.

Alma Maldonado ha sido igualmente crítica de la manera en que se construyen determinadas políticas educativas cuando el discurso político termina desplazando la discusión académica y técnica. Sus cuestionamientos recientes sobre decisiones de la SEP y sobre la conducción de determinadas áreas educativas apuntan hacia un problema mayor: la necesidad de que la política educativa vuelva a estar respaldada por conocimiento especializado y evidencia.

El segundo gran aprendizaje es todavía más importante: PISA permite observar generaciones, no solamente gobiernos. El estudiante que fue evaluado a los 15 años en 2000 pertenece hoy a la población adulta que participa en el mercado laboral, educa a sus hijos, paga impuestos y toma decisiones políticas. El adolescente evaluado en 2025 formará parte de la fuerza laboral de las próximas décadas. Comparar estos grupos permite observar algo que los informes gubernamentales suelen esconder: los efectos acumulados de las decisiones educativas no aparecen en un sexenio; aparecen en la vida de las personas.

México necesita mirar los resultados y preguntarse qué habilidades está desarrollando realmente en sus jóvenes. Necesita cruzar esos datos con abandono escolar, pobreza, infraestructura, formación docente, asistencia, uso de tecnologías, condiciones familiares y oportunidades laborales. Necesita saber no solamente quién aprende, sino quién queda fuera y por qué.

La educación mexicana lleva demasiado tiempo discutiendo modelos, ideologías, libros de texto y discursos mientras los aprendizajes fundamentales permanecen estancados. PISA 2025 puede ser otro informe que genere titulares durante una semana o puede convertirse en el punto de partida de una política educativa de largo plazo.

La pregunta que queda es mucho más incómoda: ¿Qué vamos a hacer esta vez con lo que los datos nos digan? Porque si después de 25 años seguimos obteniendo resultados similares, quizá el problema no sea que México necesite otra reforma educativa. Quizá necesita, por primera vez, la voluntad política de sostener una buena política educativa durante suficiente tiempo para que una generación completa pueda demostrar que sí aprendió.

PISA 2025 no será solamente una prueba para nuestros estudiantes. Será una prueba para quienes hemos tomado decisiones sobre su educación durante el último cuarto de siglo.

Profesor | Activista por el Derecho a Aprender en SLP

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