La historia criminal de México podría estar entrando en una nueva etapa. En pocos años quizá dejemos de hablar de los grandes cárteles nacionales como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, para referirnos principalmente a organizaciones regionales como La Mayiza, Los Chapitos, Los Tlacos o Los Ardillos. Colombia recorrió ese mismo camino cuando la desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali dio paso a las bandas criminales conocidas como Bacrims, organizaciones más pequeñas, flexibles y profundamente arraigadas en los territorios. Es muy temprano para afirmar que estamos frente al milagro mexicano en materia de seguridad y reducción de la violencia. Sin embargo, la disminución cercana al cincuenta por ciento de los homicidios dolosos y de prácticamente todos los delitos de alto impacto obliga a preguntarnos qué cambió. La respuesta puede encontrarse en el análisis de las variables que durante décadas explicaron la descomposición del Estado mexicano. Hace una década, en Seguridad nacional en México y sus problemas estructurales (UDLAP, 2017), sostuve que el mayor problema del Estado no era la ausencia de instituciones, sino su incapacidad para coordinarse. Identifiqué cuatro factores estructurales que alimentaban esa desarticulación: la naturaleza propia de las instituciones de seguridad, la lucha por el poder entre ellas, la politización de la agenda de seguridad, la alternancia política y la descentralización de las funciones de seguridad pública. Hoy esas hipótesis pueden contrastarse con la realidad. Coordinación de instituciones de seguridad. En aquella investigación también sostuve que los niveles más altos de coordinación aparecen cuando el Estado enfrenta operaciones de enorme relevancia política, donde ninguna autoridad puede permitirse el fracaso. El mejor ejemplo reciente fue la organización de la Copa Mundial FIFA 2026. El Plan Kukulcán confirmó que, frente a un objetivo estratégico, las autoridades estatales aceptan ser coordinadas por una autoridad federal. Antes esa función recaía en el Estado Mayor Presidencial. Hoy la asumió la Secretaría de la Defensa Nacional. La evidencia también aparece en el discurso. Durante la ceremonia de reconocimiento por la estrategia de seguridad del Mundial, la palabra seguridad fue mencionada 41 veces y coordinación 24. No fue una coincidencia retórica. Refleja un modelo operativo basado en la integración institucional. Lamentablemente, esa coordinación no ha sido la constante en la historia reciente de México. La disputa por presupuestos, facultades legales, estados de fuerza, acceso a inteligencia y cercanía con el poder presidencial ha provocado históricamente conflictos entre las instituciones responsables de la seguridad nacional. Inteligencia y operativos. Durante la presente administración se observa una coordinación horizontal entre las instituciones del gabinete de seguridad y una coordinación vertical con los gobiernos estatales que no se había visto desde hace muchos años. Los resultados son evidentes en la detención y puesta a disposición de la autoridad de más de sesenta mil generadores de violencia en menos de dos años. Es posible que estemos observando el mejor momento de integración de las capacidades de inteligencia civiles, militares y financieras del Estado mexicano. Destacan la Sección Segunda de Inteligencia de la Defensa, la inteligencia de la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Naval, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal, la Unidad de Inteligencia Financiera y diversas fiscalías estatales, además de una cooperación cada vez más estrecha con instituciones de Estados Unidos. Probablemente uno de los mayores crímenes cometidos contra la sociedad y el Estado mexicano fue permitir que las organizaciones criminales consolidaran enormes estructuras financieras mediante el lavado de dinero y la corrupción política. Ambos fenómenos pudieron enfrentarse mucho antes con inteligencia financiera, investigación patrimonial y voluntad política. Despolitización de la agenda de seguridad. Todo parece indicar que los niveles de coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales, incluso aquellos encabezados por partidos de oposición, han mejorado significativamente durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Una hipótesis preliminar apunta a una mayor concentración del liderazgo político en el Ejecutivo federal, a una estrategia de presión sobre autoridades que facilitaron la operación de grupos criminales y al fortalecimiento de las facultades legales de coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch. Contención del conflicto de poder entre instituciones. En cualquier parte del mundo, las agencias de seguridad e inteligencia compiten por presupuesto, facultades, estado de fuerza, acceso a información y atención presidencial. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto esas disputas fueron constantes. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador también se hicieron públicos conflictos entre instituciones como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. En el libro sostuve que la variable más poderosa para contener esos conflictos era el ejercicio firme del liderazgo político desde la Presidencia de la República. Esa hipótesis parece encontrar respaldo en el momento actual. Cooperación con Estados Unidos. Ningún análisis serio de la seguridad mexicana puede ignorar la relación bilateral. A pesar de las diferencias estructurales entre Washington y la Ciudad de México respecto a las amenazas a la seguridad nacional, ambos gobiernos coinciden hoy en la necesidad de reducir el poder organizacional, financiero, militar y de protección política de las organizaciones criminales transnacionales. Los dos países comprenden que el futuro del desarrollo económico de Norteamérica y del proceso de integración comercial depende también de contener amenazas compartidas como el tráfico de drogas, armas y personas. No obstante, esta cooperación continúa siendo frágil. Una acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano o una mayor intervención política en asuntos internos podrían tirar por la borda décadas de diplomacia militar entre la Defensa, la Marina y el Comando Norte. Del mismo modo, decisiones soberanistas que limiten la cooperación judicial o las extradiciones también podrían deteriorar una relación estratégica construida durante muchos años. Todavía es demasiado pronto para hablar de un milagro mexicano en seguridad. Lo que sí puede afirmarse es que varias de las variables estructurales que históricamente explicaban la descoordinación del Estado parecen haberse modificado. Sin embargo, si resurgen los conflictos entre instituciones, se debilita el liderazgo político, vuelve la polarización de la agenda de seguridad o se deteriora la cooperación con Estados Unidos, los avances podrían revertirse rápidamente. Persisten además dos grandes pendientes. El combate al lavado de activos y la ruptura definitiva de las redes de protección político-criminal. Si el Estado no logra resolverlos, los grandes cárteles podrían desaparecer únicamente para ser sustituidos por decenas de organizaciones regionales, como ocurrió en Colombia. El verdadero milagro mexicano no será reducir los homicidios. Será impedir que el crimen vuelva a reorganizarse bajo nuevos nombres. AGENDA ESTRATÉGICA: El acceso gratuito al libro Seguridad nacional en México y sus problemas estructurales está disponible en: https://shre.ink/j2qp Por Gerardo Rodríguez