A los morenistas les urge un curso intensivo de morenismo. Del significado de “traición a la patria”, por ejemplo. Uno supondría que lo conocen bien, pues llevan años empuñándolo con temeraria severidad contra opositores, críticos, periodistas, jueces, contra quienes los denuncian afuera o disienten adentro, en fin, contra cualquiera que no se cuadre con su “lado correcto de la historia”. También podrían repasar aquello de “la política como imperativo ético”. Según ese postulado, su ambición no era acumular poder, gestionar influencias, repartirse cargos ni presupuestos. Se suponía que ellos eran diferentes, que lo suyo era un horizonte superior: “purificar la vida pública del país”. La pregunta es quién queda, entre sus filas, para recordarles hoy esas asignaturas.

Porque el caso de Rubén Rocha Moya no se trata nada más de la presión de Estados Unidos, de los forcejeos al interior del partido ni del manejo de la comunicación presidencial al respecto. Se trata, sobre todo, de un escándalo por asociación delictuosa entre poder público y crimen organizado. Al quedar tan expuesta, dicha complicidad crea una inmensa vulnerabilidad política y diplomática; pero eso es una consecuencia, no la causa raíz del asunto. El origen está en los hechos por los que el gobernador está siendo llamado a cuentas en un tribunal estadounidense: recibir apoyo electoral de un cartel del narcotráfico, permitirle colocar a sus funcionarios y ejercer un “control casi total” sobre las instituciones de seguridad y justicia, brindarle protección y colaborar con sus actividades criminales. Que la reacción oficialista apele más a la unidad contra quien acusa que a hacerse cargo de la veracidad de la acusación es una prueba de lo quebrada que está la brújula moral de la coalición gobernante.

El problema, por mucho que quieran agitar la matraca nacionalista, no es la soberanía: es la narcopolítica. La patria no sólo se traiciona frente al extranjero. También se traiciona cuando se acepta que el crimen defina quién compite, quién gobierna, a quién cuida la policía o a quién persigue un fiscal; cuando el “extraño enemigo” no está al otro lado de la frontera sino en casa, en contubernio con la delincuencia. Si el imperativo ético, en estas circunstancias, consiste en cerrar filas en lugar de fincar responsabilidades, entonces Morena no aspiraba a limpiar nada: sólo a usar la bandera nacional para tapar su propia podredumbre.

Más allá de una crisis, estamos ante una implosión moral. Independientemente de cuál termine siendo el desenlace de esta historia, el oficialismo ya perdió cualquier capacidad de presentarse como campeón de la honestidad pública. Su respuesta, antes que repudiar la captura criminal, fue ganar tiempo; antes que la vergüenza, fue el cálculo; antes que demostrar integridad, fue tratar de encubrir.

¿Cuál “regeneración”?

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG