Está por concluir marzo -mes del Día Internacional de la Mujer- y el gobierno de Claudia Sheinbaum puso dos piezas sobre la mesa que, si se cumplen, pueden mover la aguja: una contra la violencia digital y otra contra el feminicidio.

La primera se firmó el 11 de marzo: un acuerdo voluntario con Meta, Google y TikTok para agilizar la baja de contenidos violentos y operar protocolos con base en la Ley Olimpia.

La segunda se anunció este martes: el envío al Senado de la República de una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con la intención de cerrar la puerta a la impunidad que hoy se esconde en la disparidad de criterios entre estados.

En el papel, el paquete legislativo suena fuerte, porque la segunda iniciativa obliga al Ministerio Público a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio; fija penas de 40 a 70 años; define razones de género y agravantes; sanciona la tentativa; prohíbe excusas absolutorias o atenuantes y ordena investigar de oficio.

Además, busca homologar el tipo penal y los procesos de investigación para evitar el “cada estado como quiere”, esa grieta qu convierte los expedientes en laberintos y a las familias en peregrinas.

También incluye un punto clave que suele quedarse en el discurso: reparación integral del daño, adecuada, efectiva, rápida y proporcional.

Y mete una idea incómoda para el agresor y necesaria para las víctimas: seguir el patrimonio del posible responsable para garantizar indemnización y no dejar a las familias peleando contra la nada.

Del lado digital, el acuerdo con plataformas abre una puerta que ya era urgente: contactos directos, guías de reporte, medidas inmediatas, campañas y fortalecimiento de herramientas.

La ruta contempla activar la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales y canalización. Al respecto, la secretaria Citlalli Hernández puso el dato duro: el ciberacoso creció y hay millones de víctimas, con mujeres como blanco principal.

Por eso, si el Estado no entra de lleno al terreno digital, la violencia seguirá corriendo con WiFi y sin castigo.

Pero México ya aprendió a desconfiar de los anuncios. Un acuerdo “voluntario” con Big Tech sirve… hasta que estorba al negocio. Y una ley “general” sirve… hasta que choca con fiscalías sin peritos, sin protocolos reales y sin voluntad para llamar las cosas por su nombre.

La clave no está en los documentos; está en el músculo: presupuesto, capacitación, tiempos de respuesta, trazabilidad de reportes, coordinación con fiscalías y sanciones que sí ocurran.

Porque lo que hoy se promete -bajar contenido, investigar de oficio, homologar criterios, reparar el daño- sólo será histórico si deja de ser discurso y se vuelve rutina institucional.

Sheinbaum levantó dos banderas que nadie debería regatear: cero impunidad en feminicidio y tolerancia cero a la violencia digital. Ahora viene lo difícil: que la ley se note en las calles y que los protocolos se sientan en las pantallas. Si no, será otro país de anuncios espectaculares. Y México ya no aguanta más buenas intenciones.

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EBER OMAR BETANZOS se perfila como el próximo presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, en sustitución de Luis Miguel Martínez Anzures.

El actual titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación encabeza la planilla única que se someterá a votación este 31 de marzo. Lo acompaña la diputada Olga Sánchez Cordero como vicepresidenta, para dirigir esta asociación y centro de estudios dedicado a la investigación, capacitación y profesionalización de servidores públicos, con el objetivo de fortalecer la administración gubernamental.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Un país se mide por cómo cuida a sus mujeres, no por sus discursos”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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