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Existe la sospecha de que algunas personas registradas como prestadoras de servicios en realidad no desempeñan ninguna actividad para los gobiernos
17:35 jueves 19 noviembre, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP.- A principios o mediados de diciembre podría conocerse un pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), sobre las presuntas irregularidades en la contratación de personal por honorarios en los ayuntamientos, práctica que podría estar siendo utilizada para desviar recursos públicos con fines político-electorales.
El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que ya se revisa el uso de esta modalidad de contratación, luego de que la organización Ciudadanos Observando documentara que el Ayuntamiento de San Luis Potosí incrementó 636.41 por ciento su gasto mensual por honorarios en un año, al pasar de poco más de 1.3 millones a casi 9.8 millones de pesos.
El funcionario advirtió que existe la sospecha de que algunas personas registradas como prestadoras de servicios en realidad no desempeñan ninguna actividad para los gobiernos municipales, sino que podrían tratarse de familiares de funcionarios, dirigentes partidistas o personas vinculadas con actividades de promoción política.
Incluso, señaló que se han identificado casos en los que supuestos trabajadores municipales estarían participando en campañas anticipadas o distribuyendo propaganda electoral, mientras reciben pagos con recursos públicos. También consideró que esta modalidad podría utilizarse para cubrir compromisos políticos o pagar favores.
Lecourtois López explicó que el IFSE ya había advertido a los municipios sobre el riesgo de abusar de la contratación por honorarios y recordó que, al tratarse de recursos federales, la revisión se realizará mediante el convenio de colaboración que mantienen con la ASF, a fin de compartir y triangular la información.
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En el caso específico del Ayuntamiento de la capital, indicó que la revisión también responde a una solicitud expresa de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, por lo que se espera que los resultados de la coordinación entre ambas instancias puedan conocerse durante las primeras semanas de diciembre.