Cuando quienes dedicaron su vida a sostener el servicio público deben tomar los pasillos de la justicia para exigir lo que por derecho les corresponde, el aparato institucional exhibe una profunda fractura moral. La protesta de los jubilados del Poder Judicial en San Luis Potosí es el reflejo de una burocracia insensible que dilata lo evidente mediante la indiferencia.

Que un incremento autorizado desde agosto permanezca en la incertidumbre habla de una falta de voluntad operativa y de un desdén que no alivió la reforma judicial. Resulta paradójico que el edificio garante de la legalidad sea el mismo escenario donde el derecho a un bienestar laboral sea olvidado. La movilidad de las pensiones no representa una dádiva ni una concesión extraordinaria: es una garantía constitucional presupuestada.

Someter a adultos mayores —varios de ellos con complicaciones de salud — al desgaste de la manifestación pública raya en la revictimización. La justicia que se posterga no es justicia.

¡Hasta mañana!