Hay datos que deberían preocupar igual o mas que una caída en la Bolsa o una desaceleración económica. Que México vuelva a encabezar la lista de la OCDE como el país donde más horas se trabaja al año —2,299 por trabajador— no es motivo de orgullo; es la evidencia de que seguimos intentando resolver con tiempo lo que otras economías solucionan con tecnología, infraestructura y mejores políticas públicas. La paradoja es evidente, ya que mientras la productividad creció cerca de 2% y los salarios reales acumulan un avance importante desde 2021, el país continúa atrapado en un modelo donde trabajar más horas sigue siendo la principal estrategia para compensar las ineficiencias del sistema.

Para el Bajío y particularmente para San Luis Potosí, esta realidad representa una advertencia. La región se consolidó durante años gracias a su fortaleza manufacturera y a la llegada de inversiones, pero el contexto internacional ya cambió. Hoy las empresas no buscan únicamente mano de obra disponible; buscan ecosistemas capaces de producir más valor por cada hora trabajada. Si la competitividad sigue descansando en jornadas extensas y no en innovación, automatización, capacitación e infraestructura logística, el atractivo regional comenzará a desgastarse frente a otros mercados que avanzan con mayor velocidad hacia la manufactura inteligente.

La otra cara del dato también merece atención. México presume una de las tasas de desempleo más bajas de la OCDE, pero mantiene una informalidad que supera a la mitad de la población ocupada y una participación laboral por debajo del promedio del organismo. Es decir, los indicadores positivos esconden un mercado laboral con profundas desigualdades. Tener empleo no necesariamente significa acceder a mejores ingresos, mayor bienestar o condiciones de desarrollo. Para miles de trabajadores del Bajío, especialmente en estados como San Luis Potosí, las largas jornadas se complementan con traslados prolongados, presión operativa y un creciente desgaste físico y emocional que termina afectando tanto la productividad como la calidad de vida.

Aquí también existe una responsabilidad compartida. El sector empresarial debe entender que la siguiente ventaja competitiva no será pagar menos o exigir más horas, sino invertir en innovación, digitalización, capacitación y bienestar laboral. Pero los gobiernos tampoco pueden permanecer al margen. Reducir los tiempos de traslado mediante mejor movilidad, fortalecer la infraestructura energética, simplificar trámites, impulsar la educación técnica y generar condiciones para la formalidad son decisiones que impactan directamente en la competitividad regional. Ninguna empresa puede aspirar a ser de clase mundial operando en un entorno donde el costo de las ineficiencias públicas termina trasladándose al trabajador y al propio sector productivo.

La pregunta de fondo ya no es cuántas horas trabajan los mexicanos, sino por qué seguimos necesitando tantas para obtener resultados que otros países alcanzan en menos tiempo. Ese es el verdadero desafío económico de México. Si San Luis Potosí y el Bajío quieren conservar su liderazgo industrial en los próximos años, deberán dejar de competir por resistencia laboral y comenzar a competir por conocimiento, tecnología, productividad e instituciones más eficientes. Porque sobrevivirán no quienes permanezcan más tiempo en la fábrica, sino quienes logren hacer mucho más en cada hora de trabajo.