La empresa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, importó más de 2 mil millones de litros de combustible ilícito a México tras rebasar 550% la cantidad que tenía autorizada, según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que llevaron a prisión preventiva a Ruffo, la compañía Ingemar, de la que es socio, contaba con autorización para importar 389 millones de litros de diésel y gasolina, pero internó más de 2 mil 500 millones de litros de ambos combustibles sólo en 2025.

Los miles millones de litros excedentes del límite permitido por el regulador del sector energético a Ingemar son considerados por la FEMDO como producto no declarado e ilícito.

Fiscales federales detectaron este hecho luego de que policías hallaron 18 millones de litros de combustibles en carros tanque de ferrocarril en Coahuila importados por Ingemar, compañía establecida en 2018.

Al rastrear la información sobre ese combustible asegurado en julio del año pasado, la investigación encontró que los pedimentos de información declaraban sólo el 10% de la carga, con lo que Ingemar habría evadido el pago de 166 millones de impuestos únicamente por esos 18 millones de litros hallados.

De acuerdo con la FGR, el esquema de contrabando de los combustibles hacia México y su distribución en territorio nacional se podía explicar en tres fases.

La primera consistía en que Ingemar ingresó al país cantidades de diésel y gasolina mucho mayores a las declaradas ante las autoridades, como en el caso del combustible hallado en el ferrocarril.

En una segunda etapa, la compañía distribuyó el combustible a las empresas Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos GMG, y Crismon Hidrocarburos y Derivados.

Una tercera fase consistió en que algunas de estas empresas, como Crismon Hidrocarburos y Derivados, dispersó el combustible hacia gasolineras, entre ellas la compañía Gasolinera Faza, además de que se realizó una triangulación fiscal y financiera.

En la acusación ante la jueza federal que concedió la orden de aprehensión contra Ruffo, la FEMDO aseguró que el político opositor estaba implicado en el contrabando porque no sólo era un socio con peso en Ingemar, sino que también tomaba decisiones corporativas como secretario del consejo de administración.

“Bajo ese esquema de dominio corporativo, el imputado intervino en el diseño y ejecución del plan delictivo, consistente en la introducción al país de grandes volúmenes de petrolíferos”, señala el expediente al que Latinus tuvo acceso.

José Merino Valdés Cuervo, un español nacionalizado mexicano que es socio mayoritario de Ingemar, también fue detenido por la FGR y vinculado a proceso el 16 de julio, al igual que Ruffo, entre un total de ocho personas que fueron vinculadas a proceso el miércoles 22 de julio.

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Con información de Latinus