Que un seguro de gastos médicos aumente 40 por ciento en un año no es un ajuste menor: para muchas familias significa elegir entre mantener una protección indispensable o renunciar a ella. Si, además, un millón de mexicanos cancelaron sus pólizas en ese periodo, el problema deja de ser individual y profundiza la crisis de acceso a la salud que padece este país. 

Tener un seguro no garantiza tranquilidad absoluta, pero perderlo puede significar quedar expuesto a gastos imposibles de cubrir ante una cirugía, un accidente o una enfermedad grave. Las primas elevadas, los deducibles y las restricciones convierten la protección privada en un privilegio cada vez más difícil de sostener.

El panorama se complica cuando los hospitales públicos enfrentan carencias, largas esperas y dificultades para brindar atención oportuna. Quien no puede pagar una póliza queda sujeto a un sistema que también necesita recursos, personal, medicamentos e infraestructura suficientes.

La salud no debería depender del tamaño de la cuenta bancaria. Sin embargo, cuando la atención privada se encarece y la pública no logra responder plenamente, las familias terminan pagando de su bolsillo, endeudándose o posponiendo consultas y tratamientos. En cualquiera de esos escenarios, el costo puede ser mucho mayor que el dinero.

El desafío para las autoridades no consiste únicamente en contener precios, sino en fortalecer los servicios públicos y ampliar el acceso efectivo a la atención médica. Porque una enfermedad ya representa una carga física y emocional; convertirla también en una amenaza financiera es profundizar la desigualdad. En México, enfermarse no debería significar arriesgar el patrimonio ni resignarse a no recibir atención.    

¡Excelente inicio de semana!