La organización Ciudadanos Observando cuestionó las iniciativas para expedir las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, presentadas por el diputado del Partido Verde, Luis Felipe Castro Barrón. El proceso, acusó, se realizó prácticamente a escondidas de la ciudadanía, sin apertura real para recibir propuestas de especialistas, organizaciones civiles o usuarios del sistema de transparencia. Peor aún, buena parte de su contenido representa un grave retroceso en el derecho de acceso a la información. Las iniciativas pretenden convertir al Gobierno del Estado, los ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial y los organismos autónomos en jueces y parte. Es decir, las propias instituciones señaladas por ocultar información serían ahora responsables de resolver las quejas presentadas en su contra. Esto no es una mejora ni una modernización: es un peligroso regreso al pasado. Como parte de esta modificación se propone crear el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental, conocido como IPAG, un organismo desconcentrado y subordinado a la Contraloría General del Estado. Si actualmente la CEGAIP ha demostrado irresponsabilidad, ineficacia y complacencia frente a los sujetos obligados, la propuesta de Castro Barrón resulta todavía peor. En lugar de fortalecer la independencia del órgano garante, busca colocar la transparencia bajo el control directo del Poder Ejecutivo. De aprobarse, San Luis Potosí podría entrar en una de sus etapas más oscuras en materia de rendición de cuentas.

Los diputados ya mintieron una vez, prometieron escuchar a expertos, académicos y organizaciones ciudadanas, pero todo terminó en una simulación, como ocurrió con la llamada Ley Serrano. Ahora repiten la misma fórmula: reuniones cerradas, ausencia de debate público y decisiones tomadas desde el poder, sin considerar a quienes utilizan diariamente las herramientas de transparencia para vigilar el manejo de los recursos públicos.

Entre los puntos más graves se encuentra que el titular del IPAG sería nombrado directamente por el mandatario estatal. También se pretende ampliar de 10 a 15 días hábiles el plazo para responder solicitudes de información, dejar las sanciones por incumplimiento en la incertidumbre y permitir que las obligaciones de transparencia se actualicen cada tres meses, cuando actualmente deben publicarse mensualmente. En pocas palabras: más tiempo para ocultar, menos controles y menores consecuencias para quienes incumplan.

El problema de fondo es que los diputados que extinguieron el INAI desde el ámbito federal jamás han presentado una solicitud de información, desconocen el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y no comprenden la batalla diaria que enfrenta la ciudadanía contra la opacidad gubernamental. Ese mismo desprecio se está replicando en el Congreso de San Luis Potosí. Sus legisladores todavía están a tiempo de corregir, pero también pueden pasar a la historia como enemigos de la transparencia y responsables de arrebatarle a la ciudadanía un derecho que costó décadas conquistar.

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