La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, modificó la medida cautelar impuesta al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanecía recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano. Con esta resolución, podrá continuar su proceso penal bajo la modalidad de prisión domiciliaria; tiene 48 horas para abandonar el centro penitenciario. La resolución se produjo durante la audiencia convocada para revisar las condiciones de la prisión preventiva impuesta al exmandatario, de 74 años, detenido desde julio por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Ruffo Appel permanecía internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras enfrenta acusaciones por su presunta participación en una estructura relacionada con el contrabando de combustibles. La defensa había solicitado que la prisión preventiva fuera cumplida en su domicilio, al argumentar la edad del exgobernador y diversos problemas de salud. La petición fue analizada este viernes durante una audiencia incidental en la que se determinó modificar la medida cautelar. El caso generó versiones encontradas desde principios de esta semana. El 21 de septiembre, dentro del juicio de amparo 889/2026, una jueza federal concedió una suspensión definitiva a Ruffo Appel contra la resolución que había rechazado inicialmente que permaneciera en su domicilio. Sin embargo, el Órgano de Administración Judicial aclaró posteriormente que aquella suspensión no implicaba, por sí misma, la salida del exmandatario de El Altiplano. La resolución únicamente lo mantenía a disposición del juzgado de amparo en el sitio donde se encontraba recluido, mientras la autoridad responsable revisaba nuevamente la medida cautelar. Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, el exmandatario estaría relacionado con una presunta organización dedicada a introducir y comercializar combustible de manera irregular, evitando el pago de contribuciones correspondientes. Parte de las investigaciones se concentra en las operaciones de la empresa Ingemar, vinculada con Ruffo Appel. La FGR sostiene que mediante distintas operaciones se habría movilizado combustible procedente de Estados Unidos dentro de un esquema identificado por las autoridades como "huachicol fiscal". Con la determinación judicial adoptada este viernes, Ruffo Appel continuará sujeto al proceso, aunque dejará el régimen de internamiento que cumplía en El Altiplano para permanecer bajo resguardo domiciliario mientras avanzan las diligencias judiciales. © 2026 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H