La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de Asociaciones del Personal Académico (UAPA) signaron este lunes 23 de marzo el acuerdo salarial correspondiente a la revisión contractual y de condiciones laborales del personal académico, destacando el clima de entendimiento y respeto entre las autoridades universitarias y el sindicato. Por parte de la institución, el documento fue firmado por Alejandro Javier Zermeño Guerra, mientras que por la UAPA suscribió la ingeniera Martha Lucía López Almaguer, secretaria general del organismo gremial. En su mensaje, el rector señaló que la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) ha realizado gestiones ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública, al igual que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sin obtener hasta el momento una respuesta favorable en materia presupuestal.  “Espero que podamos seguir trabajando con dignidad institucional, haciendo presión en la medida de nuestras posibilidades”, expresó, al reiterar que la Universidad continuará insistiendo en la búsqueda de mejores condiciones financieras. No obstante, dijo que el acuerdo con el personal académico no podía postergarse, a fin de evitar afectaciones al desarrollo de las actividades sustantivas. Por su parte, la secretaria general de la UAPA agradeció el respaldo de su comité y la disposición de las autoridades universitarias para alcanzar un acuerdo que fortalezca la seguridad y estabilidad de las y los agremiados. Reconoció que el contexto político y presupuestal ha impactado a las universidades públicas del país, incluida la UASLP. “Ha llegado el momento de que, como universitarios, pongamos de nuestra parte para sortear esta situación. Consideramos que es una buena negociación dentro de las condiciones actuales, optimizando los recursos existentes en beneficio del personal académico”, afirmó. El acuerdo salarial fue atestiguado por el secretario general de la Universidad, maestro Federico Arturo Garza Herrera, así como por la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, además de funcionarios de la administración central e integrantes de la Unión de Asociaciones del Personal Académico.