San Luis Potosí, SLP.— La violencia política y la posible intervención de organizaciones criminales serán factores que deberán vigilarse durante las elecciones de 2027, ante las diferencias en los niveles de inseguridad entre entidades y los cambios en las estrategias de participación de estos grupos, consideró Carlos Piedra, consultor senior de Integralia.

Para Así las Cosas, el especialista explicó que la violencia política comprende distintos actos violentos y delitos dirigidos contra personas que participan en la vida pública o buscan ocupar cargos de elección popular. En este sentido, destacó que es importante distinguir entre los delitos de alto impacto y aquellos que tienen una motivación política, pues esta diferencia permite dimensionar con mayor precisión los riesgos que enfrentará el próximo proceso electoral.

Ante ello, Piedra señaló que los comicios de 2027 tendrán características particulares, debido a las variaciones registradas en algunos indicadores delictivos y a la necesidad de determinar si la intervención criminal en las elecciones ha disminuido o, por el contrario, continúa extendiéndose. Asimismo, puntualizó que las condiciones de seguridad no son homogéneas en todo el país, por lo que será necesario revisar la evolución de la violencia en cada entidad.

De igual manera, advirtió que este fenómeno no se limita a los homicidios de actores políticos, sino que también está relacionado con la expansión de la gobernanza criminal, pues explicó que, en algunas regiones, las organizaciones delictivas han buscado influir en la selección de candidaturas y en la integración de los gobiernos, más allá de recurrir a personas cercanas para simular postulaciones partidistas.

Otro elemento que podría incidir en la contienda, indicó el consultor, son los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales. A su juicio, estas acusaciones podrían influir en los criterios que utilicen los partidos para elegir a quienes competirán por cargos públicos; no obstante, consideró que será necesario observar si esta situación efectivamente modifica los procesos de selección.

En cuanto a las medidas de seguridad para los comicios, Piedra se refirió a la estrategia anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la cual contempla tres ejes de actuación. El primero consiste en elaborar un diagnóstico preventivo para identificar las entidades con mayores riesgos, tomando en cuenta los antecedentes de violencia electoral. Entre los estados que requieren especial atención mencionó a Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Colima.

El segundo componente contempla la coordinación entre distintas instituciones federales y electorales. En este esquema participan el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Consejería Jurídica, con el propósito de articular acciones para atender los riesgos relacionados con el proceso electoral.

El tercer eje prevé un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad, en el que la Guardia Nacional tendría una función central, en colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como con las policías estatales y municipales.

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Finalmente, Piedra consideró que existe un cambio en la manera de abordar la seguridad electoral, al tiempo que anticipó una mayor observación por parte del Gobierno estadounidense sobre los comicios mexicanos. En consecuencia, sostuvo que para las autoridades nacionales será importante garantizar condiciones que permitan desarrollar la elección sin que las amenazas de violencia o la intervención criminal comprometan la confianza en el proceso.