El Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó este lunes 23 de marzo los avances de la Agenda Hídrica 2025, en un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo interdisciplinario que subrayó la urgencia de traducir el conocimiento científico en políticas públicas efectivas. Durante el encuentro se destacó que la presión sobre los acuíferos se ha incrementado de manera significativa, mientras que la infraestructura hídrica no ha evolucionado al mismo ritmo, lo que exige coordinación real entre sectores y decisiones con resultados tangibles para la población. Alma Gabriela Palestino Escobedo, coordinadora del Grupo Universitario del Agua, comentó, en su mensaje, que la UASLP tiene el compromiso de, en el mediano plazo, contribuir directamente en el diseño de políticas públicas y fortalecer la articulación institucional; y, a largo plazo, impulsar un modelo hídrico sostenible y resiliente para el estado.  El doctor Antonio Cardona Benavides, investigador del área de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería, expuso que el agua subterránea -principal fuente de abastecimiento urbano, agrícola e industrial- presenta variaciones importantes en su calidad. Si bien existe agua de buena calidad en ciertas zonas, su disponibilidad es limitada. En diversos pozos se han detectado concentraciones elevadas de flúor, arsénico y, en algunos casos, uranio, elementos asociados a formaciones volcánicas. Además, advirtió que la sobreexplotación puede modificar gradientes de presión y favorecer la movilización de contaminantes. También se identificó evidencia de contaminación antropogénica, lo que agrava el panorama. Por su parte, Fernando Díaz Barriga Martínez recordó que desde hace más de tres décadas se estudian los efectos del arsénico y el flúor en la salud de la población potosina. Señaló que estos elementos afectan cerebro, corazón y riñones, incluso desde la etapa intrauterina, y pueden impactar el desarrollo cognitivo infantil. Propuso fortalecer esquemas de potabilización mediante ósmosis inversa y vigilar la calidad del agua comercializada, a fin de garantizar que esté libre de metales y otros contaminantes. En el ámbito escolar, Paola Elizabeth Díaz Flores, de la Facultad de Ciencias Químicas, presentó resultados de un proyecto enfocado en sistemas de purificación en planteles de educación básica de la zona metropolitana. El equipo visitó escuelas para analizar la calidad del agua, identificar su origen y evaluar condiciones de almacenamiento. Detectaron que muchas reciben agua de pozos cercanos con las mismas concentraciones reportadas oficialmente; otras dependen de pipas sin conocer su procedencia, por lo que subrayó la necesidad de implementar procesos integrales que incluyan filtración avanzada por membranas. Desde la perspectiva social y jurídica, la doctora Violeta Mendezcarlo, de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, expuso hallazgos sobre cultura de consumo y derecho humano al agua. Indicó que persisten prácticas de riesgo, como beber o cocinar con agua de la llave sin tratamiento, situación asociada a vulnerabilidad socioeconómica. Recalcó que garantizar el derecho al agua no se limita al suministro, sino a asegurar calidad y saneamiento. María Catalina Alfaro de la Torre destacó el trabajo colaborativo con comunidades periurbanas y rurales, como El Jícaro y Escalerillas, donde habitantes expresaron su preocupación por la falta de acceso pese a ubicarse en zonas de recarga. A su vez, el doctor Cristóbal Aldama Aguilera abordó problemáticas de abastecimiento y saneamiento en el poniente de la ciudad, al señalar desarticulación institucional y vacíos normativos en descargas y tratamiento.

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Finalmente, Sonia Torres Rivera presentó un estudio geológico en la colonia El Saucito, donde se advirtió inestabilidad del suelo asociada a obras recientes y a la alteración del equilibrio natural del terreno.