Se le niega a la cuatroté concretar una reforma que le permita el control total de los organismos electorales del país, quizá los únicos entes públicos que la faltan por concentrar.

No pudo imponerla en 2022 el entonces mandatario Andrés López Obrador, ni con todo el poder con el que hacía y deshacía a su antojo en el país.

Ahora, tampoco lo logró la presidentA Claudia Sheinbaum, quien además vio frustrado su Plan B, con el que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con la elección intermedia y la elección judicial.

Ambas iniciativas, faltaba más, fueron presentadas como un reclamo de ese “pueblo” con el que Morena disfraza sus intereses de extender ad infinitum su permanencia en el poder.

En su momento, López la envolvió con el argumento de reducir costos de las elecciones y ampliar la democracia, pero en realidad buscaba desaparecer al INE, a OPLEs y a los tribunales electorales estatales, y crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas operado desde la Secretaría de Gobernación.

También proponía eliminar a los plurinominales, con lo que quedarían sólo 300 diputados federales y 96 senadores, y de pilón quitar el financiamiento público a los partidos políticos en años no electorales. 

Su iniciativa de reforma constitucional naufragó en la Cámara de Diputados, donde en 2021 la alianza PAN-PRI-PRD le arrebató la mayoría absoluta: en la votación sólo consiguió el aval de 296 legisladores de los 334 necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

Cuatro años después, la historia se repitió. La presidenta Sheinbaum buscó impulsar su reforma electoral, que incluía la reducción de senadores plurinominales a 96, y cambiar el modelo en el que se asignaban los diputados de representación proporcional, al eliminar las listas partidistas y entregar curules a los mejores segundos lugares.  

Cuidó la mandataria de no intentar desaparecer al INE, pero sí incluyó reducir recursos al sistema electoral.

Igual que la de López, fue enterrada en San Lázaro. La votaron a favor 259, pero necesitaba 334. 

No había terminado la votación cuando ya se estaba preparando el llamado Plan B, que buscaba un “ahorro” de 4 mil millones de pesos eliminando “privilegios” en congresos locales y municipios.

Los más polémico: abría la posibilidad de empatar su consulta de revocación de mandato con la elección intermedia de 2027, en la que se disputan 17 gubernaturas, las 500 curules de la Cámara de Diputados, mil 88 diputaciones locales, 680 presidencias municipales, 16 alcaldías de la CDMX. Y con la segunda parte de la elección judicial, en la que se elegirán mil 700 cargos.

En este último punto llevó la penitencia, porque lo rechazaron los seis integrantes de la bancada de su aliado el PT en el Senado, que fue la cámara de origen del Plan B.

Sin los votos del partido de Alberto Anaya, no había forma de que logrará mayoría calificada, y el artículo para adelantar la consulta de revocación debió ser excluido.

Con similitudes y diferencias, las iniciativas de López y de Sheinbaum tienen en común que fueron promovidas y redactadas desde Palacio Nacional, excluyendo y desoyendo a la oposición y diversos sectores.

Y, por supuesto, ninguna se originó de un reclamo de la ciudadanía, concepto y entelequia que no necesariamente pertenece a eso que el morenismo llama Pueblo. 

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EN EL VISOR: Días de guardar. El Periscopio se toma un receso hasta el 12 de abril.    

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

COLABORADOR

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