El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TESLP) determinó que el Congreso local ha incurrido en una omisión legislativa al no garantizar los mecanismos para que los pueblos originarios transiten del sistema de partidos políticos a sus propios Sistemas Normativos Indígenas.

Tras resolver el juicio TESLP/JDC/04/2026, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo fatal de 90 días naturales al Poder Legislativo para armonizar las leyes locales y permitir que las comunidades elijan a sus autoridades bajo sus propios usos y costumbres.

El fallo surge a raíz de la impugnación promovida por Rafael Reyes Martínez y otros integrantes de pueblos originarios, quienes denunciaron una violación sistemática a sus derechos político-electorales. El Tribunal reconoció que, aunque el Congreso ha realizado acciones aisladas tras la reforma constitucional federal de septiembre de 2024, estas no se han traducido en cambios reales a la Constitución del Estado ni a las leyes secundarias.

"La falta de leyes es un obstáculo real y material que impide a las comunidades definir su organización política y de gobierno interno", sentenció el Tribunal al declarar fundado el agravio.

Juan Felipe Cisneros Sánchez, representante del Observatorio Indígena Mesoamericano, calificó la resolución como un acto de justicia histórica. Destacó que, ante la parálisis del Congreso local, la justicia electoral finalmente ha alzado la voz para defender la dignidad de los pueblos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Un "antes y un después" en la libre determinación

Para los activistas y defensores de los derechos indígenas, este fallo devuelve a las comunidades la herramienta más poderosa: el derecho a decidir su propio destino sin intermediarios. La sentencia del 24 de marzo de 2026 marca el inicio de una transición hacia el autogobierno, obligando al Estado a reconocer la validez jurídica de los sistemas internos de los pueblos Tének y Nahua.