El sector transportista en San Luis Potosí encendió las alertas ante la falta de respuestas a problemáticas en carreteras y nuevas disposiciones legales que podrían derivar en movilizaciones a nivel nacional, justo en la antesala de eventos internacionales como el Mundial de futbol, así lo advirtió Raúl Torres, representante estatal de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac).

El dirigente señaló que, pese a los antecedentes recientes de bloqueos registrados en marzo, las autoridades no han atendido de fondo las demandas del gremio, lo que mantiene un clima de incertidumbre para quienes operan en las vías federales: “No bajamos la guardia, pero el problema cada vez es mayor”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles, explicó, es la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, específicamente el artículo 123, que dijo criminaliza el transporte de agua en volúmenes superiores a 50 mil litros, con sanciones que van de seis a ocho años de prisión, además de multas cercanas a los 23 mil pesos.

Torres advirtió que esta disposición impacta directamente al sector, ya que en muchas regiones los transportistas suplen la falta de infraestructura hídrica, llevando agua a comunidades donde los gobiernos municipales no logran abastecer el servicio: “No hay suficientes pipas para cubrir la demanda, y ahora se pretende castigar a quienes realizan esa labor”, subrayó.

Ante este escenario, informó que la organización se mantiene a la espera de que concluya el plazo de 180 días establecido para la reglamentación de la ley; sin embargo, advirtió que, de no existir una respuesta favorable antes del 9 de junio, se contempla una movilización nacional en carreteras como medida de presión.

El representante en San Luis Potosí alertó que este tipo de conflictos podría escalar y generar afectaciones logísticas importantes, especialmente en un contexto donde México se prepara para recibir eventos de alcance global: “Para el Mundial puede haber problemas álgidos que nadie queremos ver”, sostuvo.

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Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para atender con urgencia las demandas del sector, tanto en materia de seguridad carretera como en regulación, a fin de evitar un escenario de bloqueos que impacte la economía y la imagen del país.