El futbol en México trasciende el ámbito deportivo para consolidarse como una enorme industria que genera más de 150 mil empleos y mueve un valor económico superior a los 52 mil millones de pesos anuales.   

Por su peso financiero e impacto en la economía nacional, garantizar condiciones de libre concurrencia en este sector es un requisito indispensable para proteger tanto a los competidores como a los aficionados.

Bajo esta premisa, la autoridad reguladora ha decidido abrir una investigación para verificar que las reglas de acceso y organización de los torneos profesionales se apeguen a la ley.

José Manuel Haro Zepeda, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), me detalló los alcances de la indagatoria iniciada por el órgano regulador ante la sospecha de prácticas monopólicas relativas en el balompié.

El objetivo es determinar si existen conductas abusivas por parte de agentes con posición dominante para desplazar competidores, impedir la entrada de nuevos participantes o distorsionar el mercado mediante sobreprecios, menor oferta o deterioro en la calidad de los servicios.

Aunque la ley le impide revelar nombres o las líneas exactas de la investigación para no entorpecer el proceso, el foco de la autoridad está bien puesto: el mercado de la afiliación, la organización, así como el acceso a los torneos profesionales.

Para armar su expediente, el equipo investigador tiene dientes y herramientas de sobra, desde citar a comparecer a directivos hasta realizar visitas de inspección sorpresa en los corporativos.

Todo esto bajo un calendario que va de los 30 a 120 días hábiles que, si el caso lo exige, se puede extender.

Las implicaciones podrían ser trascendentes. Estudios del propio regulador señalan que las prácticas anticompetitivas pueden generar sobreprecios de hasta 20 por ciento en los mercados afectados.

De comprobarse una probable responsabilidad, el Pleno de la CNA dispone de herramientas disuasivas severas que incluyen sanciones de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales de las empresas involucradas, la inhabilitación de consejeros o directivos y multas de hasta 938 mil pesos diarios por cada día de retraso en la entrega de información requerida.

Exigir piso parejo en una industria que apasiona a millones de personas es la única forma de garantizar que el dinero de los aficionados y los millones que son invertidos por los patrocinadores tengan un terreno de

juego limpio.

La intervención de la CNA deja un claro mensaje: por más fuerte que sea el peso de una marca o el arraigo de un torneo, la transparencia y la libre competencia se tienen que respetar, dentro y fuera de la cancha.

PENALTI

En tanto, Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, en voz de Clemente Castañeda, propuso el regreso del ascenso y descenso bajo el concepto del “mérito deportivo”. Los cambios que impulsa la iniciativa tendrían su origen dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

POR JAIME NÚÑEZ

COLABORADOR

@JANUPI