San Luis Potosí apareció como una excepción preocupante en el diagnóstico nacional sobre seguridad pública, pues fue la única entidad del país que no proporcionó información sobre cuántos de sus policías estatales contaban con el Certificado Único Policial (CUP).

Así lo evidenció el informe “Las policías en México: el drama de un retraso crónico”, elaborado por la organización Causa en Común, el cual documentó no solo rezagos estructurales en las corporaciones, sino también vacíos de información que impidieron evaluar su funcionamiento. En este sentido, el reporte subrayó que la ausencia de datos oficiales constituye por sí misma un indicador de debilidad institucional.

De acuerdo con el documento, mientras otras entidades mostraron avances -aunque desiguales- en certificación policial, San Luis Potosí simplemente no entregó datos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en lo que respecta a su policía estatal. A pie de tabla, el informe detalló que la ausencia de cifra se debió a la falta de información proporcionada por el propio estado.

Asimismo, a nivel municipal, el 55 por ciento de los policías potosinos sí contó con el Certificado Único Policial, un documento que debería acreditar que los elementos cumplen con requisitos básicos como evaluaciones de control de confianza, competencias y desempeño. Sin embargo, el reporte señaló que las amplias variaciones entre entidades y los vacíos normativos ponían en duda la confiabilidad de estos datos.

De igual manera, la opacidad no se limitó a la certificación, ya que el estudio indicó que en San Luis Potosí no existieron cifras claras sobre policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza, ni sobre cuántos fueron dados de baja por esta causa. En consecuencia, no fue posible determinar si estas evaluaciones tuvieron efectos reales dentro de la corporación.

Aunque esta falta de información no fue exclusiva de la entidad potosina -también se registró en estados como Campeche, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas-, el informe puntualizó que estas omisiones reflejaron la imposibilidad de medir el desempeño y la integridad de las instituciones policiales. Por consiguiente, se debilitó cualquier intento de construir diagnósticos precisos o políticas públicas eficaces.

El reporte de Causa en Común había advertido que, a nivel nacional, los mecanismos de certificación y control de confianza operaron con inconsistencias, opacidad y baja efectividad. En muchos casos, incluso cuando existieron elementos no aprobados, estos no fueron separados de sus funciones, lo que redujo los incentivos para profesionalizar a las corporaciones.

También, el informe señaló que las policías en México enfrentaron un rezago estructural marcado por recortes presupuestales, desaparición de fondos federales para municipios, falta de carrera policial, condiciones laborales precarias y creciente militarización de la seguridad pública. En este sentido, el documento detalló que las debilidades institucionales no sólo respondieron a carencias técnicas, sino a decisiones de política pública sostenidas en el tiempo.

Así, la ausencia de datos en San Luis Potosí no resultó un hecho menor, sino un síntoma de la fragilidad institucional que atraviesa a las corporaciones. Sin información confiable, se volvió más difícil la rendición de cuentas y, por consiguiente, el diseño de estrategias efectivas para su fortalecimiento.

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El documento concluyó que revertir este deterioro requería fortalecer los sistemas de evaluación, transparentar la información policial y garantizar condiciones laborales dignas; de lo contrario, la seguridad pública seguiría dependiendo de instituciones debilitadas y, cada vez más, de estructuras militares.