La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para regular el involucramiento de los sectores privado y social en las inversiones públicas para infraestructura.

“La infraestructura que demanda nuestro país, necesita ser moderna, eficiente, resiliente y financieramente sostenible, para lo cual, si bien la inversión pública es fundamental, no basta por sí sola, para satisfacer la magnitud de los desafíos del México actual”, se admite en el proyecto de decreto.

La propuesta busca establecer un marco jurídico para recuperar las inversiones público privadas que hubo en sexenios anteriores, enfatizando que las obras a construir deben generar transformaciones de los territorios y reducir brechas históricas de desigualdad social, promoviendo el acceso de la población a servicios básicos y favoreciendo el desarrollo económico, sostenible y regional.

En el documento, la titular del Ejecutivo Federal hace un reconocimiento explícito a la importancia de que el capital privado participe en este ámbito.

La inversión privada se integra como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera, disponible y atender de manera eficaz, las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado”, se define en la propuesta.

El proyecto de decreto reconoce que los sectores público, social y privado son "actores centrales para fomentar la inversión en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública estratégica con bienestar nacional, que se traduzca en una mayor capacidad institucional para la movilización de recursos”.

La iniciativa presidencial es para crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y además reforma algunas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la exposición de motivos se aclara que esta iniciativa supera los enfoques centrados sólo en la rentabilidad financiera, porque privilegia el impacto estructural, colectivo y sostenible de los proyectos de desarrollo, "focalizado en las personas y la vida digna".

Para justificar esta propuesta, se habla de la necesidad de cuidar la estabilidad de las finanzas públicas y del papel del Estado, como impulsor de una estrategia coordinada e integral en la que participe la inversión privada, aclarando que los actuales ordenamientos en la materia no cubren de manera integral, los objetivos que ahora se buscan.

Se indica que las leyes de obras públicas, la de adquisiciones y la de asociaciones público privadas no contemplan los modelos de inversión y de coinversión o financiamiento que fomenten el desarrollo de esos esquemas en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y sostenibilidad, energía, desarrollo urbano, desarrollo turístico, parques, industriales, establecimientos de salud, educación, espacios públicos y tecnologías.

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Con información de Excélsior