La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, informó que se inició un procedimiento administrativo en contra de la empresa de polímeros que se incendió el ocho de abril en zona Industrial, debido al nivel de contaminación generado durante el siniestro. La funcionaria explicó que, en el ámbito de competencia de la dependencia, se realizó el monitoreo de la calidad del aire, lo que derivó en la clausura del sitio y el inicio del proceso legal correspondiente, pese a que la empresa contaba con permisos ambientales otorgados previamente por la propia Segam. Detalló que, tras el incendio, se mantuvo vigilancia constante a través de estaciones de medición, detectando una mala calidad del aire a partir de las 20:30 horas, lo que obligó a emitir recomendaciones a la población para resguardarse en sus viviendas. Indicó que, aunque inicialmente la contaminación se dispersó hacia arriba, posteriormente se desplazó hacia colonias del sur de la ciudad, permaneciendo entre cuatro y cinco horas antes de disiparse, lo que permitió que al día siguiente la calidad del aire mejorara. Mendoza Díaz agregó que, como parte de las investigaciones, personal de inspección ha acudido a la empresa para realizar pruebas de suelo que permitan medir los niveles de contaminación y aportar evidencia dentro del procedimiento administrativo. Sobre las causas del incendio, el comandante del H. Cuerpo de Bomberos Metropolitano, Adolfo Benavente Duque, señaló que el siniestro pudo haberse originado por falta de orden y limpieza en las instalaciones, donde existía acumulación de pastizal, lo que, combinado con condiciones climatológicas, pudo generar una combustión espontánea. Para controlar el fuego se requirió el apoyo de más de 100 pipas de agua, así como diversas unidades de emergencia.

Por su parte, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, indicó que aún no se cuenta con un dictamen definitivo sobre la responsabilidad del incendio; sin embargo, ya existe una carpeta de investigación en curso para determinar si el hecho fue culposo o doloso, además de señalar que el establecimiento no contaba con los permisos básicos de operación, lo que podría derivar en responsabilidades legales, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado.

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