El dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), Antonio Tirado, mencionó que el decreto federal para la legalización de vehículos usados estadounidenses había tenido resultados con más de tres millones de autos regularizados en el país. Sin embargo, quedaban pendientes al menos dos millones de unidades, por lo que solicitaban la reactivación del decreto, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del pasado 2025.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), conversó para AltaVox sobre el impacto de este programa: se disminuyeron aproximadamente en 30% las operaciones no solo de distribuidoras en el país, sino que las comercializadoras independientes también se vieron afectadas. Este decreto también afectó negativamente a la venta de vehículos nuevos en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, donde se concentraron el 50% de los 3 millones de autos regularizados.

Además de afectar la industria automotriz, Rosales aseguró que la aplicación de esta disposición fue el empoderamiento financiero de bandas del crimen organizado que controlan rutas, derechos de paso y corrupción de los funcionarios públicos que participaron en ello.

Anteriormente, el decreto establecía que la regularización estaría disponible solo para vehículos internados a la nación antes del 19 de octubre de 2021, sin embargo, muchos de estos ingresaron posterior a la fecha. El presidente de AMDA agregó que no se respetó que los regularizados no tuvieran prohibición expresa para circular en EUA. Casi el 95% de regularizados tienen inscripción en el país vecino como “pérdida total”. En este antiguo decreto también hubo “coyotes” o intermediarios que habían encarecido el proceso.

Se ha presentado una disminución en la industria manufacturera en autopartes, vehículos tanto pesados como ligeros, ya sea por complicaciones de la comercialización con EUA y otras regiones del mundo que han disminuido la demanda, por lo que se busca un fortalecimiento en el mercado interno a fin de no perder fuentes de empleo en el país: “no podemos seguir permitiendo que el contrabando de basura automotriz inunde nuestro mercado”, dijo.

Rosales Zárate enfatizó en la importancia de inversión a vehículos pesados para la movilidad pública: “Tenemos que generar una red de infraestructura de transporte público eficiente, y en función de ello, que el vehículo privado sea un complemento”. De los vehículos que se regularizaron con el decreto de López Obrador, es mínimo aquel que está destinado a actividades productivas, pues estos saturan vialidades del centro y norte del país.

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El uso de los famosos “autos chocolate”, al estar circulando en la ilegalidad, en teoría deberían ser retirados de la circulación. No obstante, diferentes niveles de gobierno no quieren asumir el riesgo político de hacerlo.