La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, informó que recibió dos respuestas de no aceptación de las recomendaciones 17 y 22 del año 2023 por violaciones a derechos humanos correspondientes al derecho a la vida, salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, uso arbitrario de la fuerza y limitar la libertad de expresión. Ambas recomendaciones emitidas en diciembre del año pasado señalan graves violaciones a derechos humanos, en la primera una persona perdió la vida en las celdas de la policía municipal de Santa María del Río el 29 de julio del año anterior mientras se encontraba bajo la custodia de la Comandancia Municipal. En la recomendación 22 se reporta la agresión a un periodista por parte de elementos de la policía municipal de Santa María del Río, por lo que la CEDH además de iniciar las investigaciones correspondientes y pedir los informes, dio vista al coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, se analizara y documentara el caso por ese Mecanismo Nacional, así como también se tomaran las acciones inmediatas a efecto de que se activaran los mecanismos de protección a fin de garantizar y salvaguardar la integridad del periodista, así como del familiar que lo acompañaba. Como parte de la negativa a la aceptación de ambas recomendaciones, la presidenta del municipio mencionado, aduce que funge como presidenta sustituta, por lo que tales acciones no fueron cometidas durante su administración. Además de señalar que al suscribirse como delito la privación de la vida, no se configura como violación a derechos humanos. En el caso del abuso en contra de un periodista, la presidenta municipal declara no haber sido vinculada a proceso y no ser señalada como autoridad responsable del hecho; ignorando en todo momento ser sujeta de proceso. Cabe mencionar que no reconoce como cierta la violación a la libertad de expresión que fue documentada e investigada por el organismo. El municipio aduce a la reparación del daño y a la conciliación en ambas respuestas, omitiendo que las violaciones graves a derechos humanos no se concilian, y en el caso de la pérdida de la vida es un asunto que no puede medirse en una cantidad de reparación del daño. En ambos casos, las víctimas declararon ante el organismo no estar abiertas a conciliación con la autoridad. Por lo anterior la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha iniciado las acciones necesarias para presentar ante el Congreso del Estado la negativa del municipio con el fin de que sean llamados a comparecer, y expongan sus argumentos para permitir la omisión a derechos fundamentales de los habitantes de dicho municipio.