El retiro del proyecto de Lineamientos para regular los procesos políticos previos al arranque formal de las elecciones 2026-2027 dejó una lección que vale la pena no pasar por alto: el Instituto Nacional Electoral, como árbitro, no es el problema.

El problema está en el Congreso de la Unión, en donde por conveniencia propia los partidos se negaron a modificar la ley en materia electoral.

En días recientes cobró fuerza una narrativa vendedora pero inexacta: la de un INE inmóvil, omiso, que miraba desde la tribuna mientras los partidos hacen campaña anticipada sin consecuencias.

La sesión del Consejo General de este jueves desmontó esa narrativa (promovida dentro y fuera) con datos sobre la mesa.

Quedó claro que el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, lleva más de tres años analizando el fenómeno de los procesos internos y las campañas adelantadas, con distintos proyectos, mesas de trabajo, criterios jurisdiccionales y observaciones de consejerías y partidos.

No hubo omisiones, se defendieron en el órgano electoral del país. Lo que observan es un problema más complejo y menos cómodo de reconocer: los límites legales en las atribuciones del instituto.

El debate evidenció algo más: buena parte de las conductas que hoy generan polémica deben ser atendidas por autoridades electorales locales -los OPLES- y no al INE.

Además, una regulación integral difícilmente puede construirse mediante lineamientos administrativos cuando el vacío está en la ley que no fue modificada por el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde Morena y sus aliados del PT y PVEM, tienen mayoría.

Como se dijo durante la sesión, corresponde al Congreso definir las reglas que den certeza a todos los actores políticos. Sin esa base legislativa, cualquier lineamiento del INE nace frágil y expuesto a impugnaciones.

Bajo esa lógica, el planteamiento central del INE es que retirar el proyecto para abrir una nueva etapa de diálogo no es una renuncia a regular: es reconocer que las reglas que van a regir la competencia de 2027 deben nacer con el mayor consenso posible y, sobre todo, dentro del marco constitucional.

La paradoja de todo esto es que el INE salió fortalecido de una sesión que muchos esperaban que lo exhibiera. El verdadero señalado fue el Legislativo que lleva años con la oportunidad de cerrar ese vacío y ha preferido no hacerlo. En política electoral, el que no legisla también toma una decisión. Y esa decisión tiene consecuencias.

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EN REITERADAS OCASIONES, el Partido Movimiento Ciudadano, que comanda Jorge Álvarez Máynez, se ha negado a modificar sus documentos básicos para adecuarlos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad sustantiva.

Tiene de plazo hasta el 17 de agosto para realizar las adecuaciones. De no hacerlo, corre el riesgo de perder su registro de cara al proceso electoral 2026-2027.

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QUIENES CONOCEN EL TEJE Y MANEJE en la 4T dicen que el veto a la organización Que Siga la Democracia, de Édgar Garza, para que se convirtiera en partido político nacional, vino de Palenque.

Nadie sabe las razones, pero para muchos resultó muy extraño que una agrupación afín a Morena se quedara en el camino y el registro lo obtuviera Somos México, un grupo totalmente opositor al régimen.

Lo cierto, sin embargo, es que un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Omar Reyes, llegó de última hora al INE y puso en entredicho el origen de los recursos que recibió Que Siga la Democracia en su “campaña” para obtener el reconocimiento oficial y eso, dicen, también pudo influir en la decisión final.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En política, el que controla las reglas controla el juego. Y el que se niega a escribirlas, controla el caos”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

COLABORADOR

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@ALFREDOLEZ