La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de revocar los lineamientos que obligaban a los partidos políticos a postular mujeres en ocho municipios de Jalisco no solo modifica las reglas del proceso electoral de 2027, sino que también abre un escenario de incertidumbre política al interior de los institutos políticos. Así lo consideró el politólogo, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y director de Alternativa Consultores, Mario Ramos, quien señaló que la resolución podría generar tensiones entre los liderazgos partidistas y afectar la confianza de sectores que impulsaban una mayor participación política de las mujeres.

De acuerdo con el especialista, antes del fallo ya existían mujeres que habían comenzado a construir proyectos políticos en municipios como Zapopan y Tonalá, al considerar que la obligación de postular candidatas les abría una oportunidad real para competir por las presidencias municipales. "Ahora los partidos vuelven a tener la posibilidad de decidir entre un hombre o una mujer, y eso puede modificar completamente las estrategias que ya estaban en marcha", explicó. Mario Ramos advirtió que uno de los principales riesgos será la inconformidad que pueda surgir si los partidos optan por registrar candidatos hombres en municipios donde las mujeres ya habían consolidado trabajo político y presencia entre la militancia. A su juicio, una decisión de este tipo podría provocar divisiones internas, desmovilización de grupos de apoyo e incluso el traslado de liderazgos hacia otros proyectos políticos. "Si un partido decide hacer a un lado a las mujeres para postular a un hombre sin el mismo arraigo o reconocimiento, existe el riesgo de que el electorado cobre esa decisión en las urnas", afirmó. El analista recordó que organizaciones feministas y mujeres militantes de distintos partidos ya habían manifestado su inconformidad desde etapas previas del proceso judicial, al considerar que la resolución representa un freno a los avances logrados en materia de participación política femenina. Aunque la Sala Superior fundamentó su decisión en criterios jurídicos, Ramos sostuvo que el debate va más allá de la legalidad electoral y toca un tema de representación política. Explicó que las acciones afirmativas implementadas en los últimos años buscaban corregir una desigualdad histórica, ya que durante décadas las mujeres tuvieron menores oportunidades para acceder a cargos de elección popular. Recordó que, incluso cuando comenzaron a implementarse las reglas de paridad, muchas candidatas eran enviadas a competir en distritos o municipios con pocas posibilidades de triunfo, situación que motivó la creación de mecanismos para garantizar una participación más equitativa. El especialista aclaró que la revocación de estos lineamientos no elimina la obligación constitucional de respetar la paridad de género en las candidaturas. Los partidos seguirán obligados a registrar un número equilibrado de mujeres y hombres en los 125 municipios de Jalisco y cumplir con los bloques de competitividad establecidos por la autoridad electoral. Sin embargo, la eliminación de la obligación específica en municipios como Zapopan y Tonalá devuelve a las dirigencias partidistas la facultad de decidir el género de sus candidaturas, lo que podría modificar significativamente la competencia interna rumbo a las elecciones de 2027. Para Mario Ramos, el verdadero desafío será demostrar que el compromiso con la participación política de las mujeres existe más allá de las obligaciones legales.

Consideró que las dirigencias deberán valorar no solo la competitividad electoral de sus perfiles, sino también el mensaje que envían a la ciudadanía sobre la inclusión y la igualdad de oportunidades. "Los partidos tendrán que tomar decisiones muy cuidadosas. Si dejan de lado a liderazgos femeninos que ya habían construido una expectativa legítima, podrían enfrentar consecuencias políticas y electorales", concluyó.