El esquema de registro obligatorio de líneas móviles impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum generó rechazo entre las operadoras, quienes alegan elevados costos operativos. Además, también se señaló un supuesto incumplimiento de acuerdos con Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones del expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan Addati, la implementación de este padrón no se apega a los acuerdos de cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y trazabilidad de líneas telefónicas.

“Esto fue una demanda en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos totalmente lógica, pero el problema es que desde México no se está haciendo bien”, comentó.

Explicó que el principal argumento es que las autoridades priorizaron el mero cumplimiento del registro en lugar de construir un esquema sólido, interoperable y con garantías reales para la protección de datos de los usuarios.

A nivel técnico, la industria de telecomunicaciones identificó que la falta de datos biométricos en el registro debilita los procesos de validación de identidad. Actualmente, el modelo opera bajo una verificación remota mediante una fotografía o selfie, mientras que el trámite presencial requiere identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“Si bien no creo que el gobierno tenga interés en espiarnos, yo insisto en que el esquema de vincular la herramienta más importante de los mexicanos debe ser un proceso muy cuidadoso (…) Solo queremos que el gobierno tenga la madurez para aceptar que este no es el camino y que tampoco es extender el plazo de registro de líneas móviles o dar una prórroga", señaló.

La medida implementada por el gobierno federal implica un elevado costo económico para las empresas de telecomunicaciones, explicó Mony de Swaan Addati, también presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC).

Estiman que el desarrollo de plataformas tecnológicas, los sistemas de consulta y el almacenamiento seguro de la información para más de 160 millones de líneas móviles representa un costo superior a 4 mil millones de pesos.

“Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado, no lo seguiría. El registro, tal y como está, tiene huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente y, al mismo tiempo, están dañando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, advirtió el experto.

Sin embargo, el avance del registro de líneas reporta un ritmo lento e incluso mereció una extensión del periodo. Hasta el 19 de abril, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) calculó 30.2 millones de líneas registradas, lo que equivale a casi el 18.9 por ciento del total en el país.

Para alcanzar el registro del 100 por ciento antes de la fecha límite del 30 de junio, los operadores tendrían que procesar 1.5 millones de registros diarios, cifra que contrasta con el promedio actual de entre 320 mil y 352 mil líneas por día.

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Con información de El Financiero