El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se ha implementado un aumento significativo en el estado de fuerza para blindar la región del Altiplano.

Este reforzamiento ocurre en un contexto de tensión institucional, tras los operativos que derivaron en investigaciones contra altos funcionarios del ayuntamiento de Matehuala y la privación de la libertad de siete trabajadores electricistas.

Cuestionado sobre la situación legal del titular de Seguridad Pública y del exdirector de Comercio de Matehuala —señalados presuntamente por posesión de sustancias ilícitas y otros delitos—, Torres Sánchez fue enfático al señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia responsable de procesar y transparentar los avances de estas indagatorias.

"Garantizar la tranquilidad de la población es una instrucción directa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y no habrá tregua en la detección de actividades delictivas, sin importar de dónde provengan", subrayó el funcionario.

Para inhibir la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto, se ha desplegado una fuerza combinada que incluye al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

Pese a la crisis de seguridad que atraviesa el municipio, el secretario general de Gobierno reveló que, hasta el momento, no se ha concretado ningún encuentro con el alcalde de Matehuala, Raúl Ortega. Este distanciamiento ocurre mientras las fuerzas estatales y federales asumen el control operativo de puntos clave para evitar vacíos de poder tras las recientes detenciones.

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La administración estatal reiteró que el despliegue en el Altiplano se mantendrá por tiempo indefinido, enfocándose en desarticular redes delictivas y recuperar la paz social en uno de los corredores más importantes del estado.