San Luis Potosí, SLP.- El Gobierno del Estado tendría que dar un informe sobre en qué se usan los recursos derivados del impuesto ambiental, si es recaudado por cuestiones ambientales, “se tiene que usar para evitar que las condiciones ambientales afecten a la ciudadanía”, comentó el académico e investigador Fernando Díaz-Barriga de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor agregó que este impuesto que entró en vigor en enero del 2025, por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, debe utilizarse para que los empresarios industriales establezcan redes de monitoreo alrededor de la Zona Industrial, financiadas por ellos, pero vigilados por redes de monitoreo y la población.

“Hay 600 empresas en la Zona Industrial y no hay una sola estación de monitoreo que las vigile y esto ha sido grave porque no se sabe qué nivel de contaminación hay en la Zona Industrial, sólo una idea de que las partículas PM 2.5 y el ozono están muy por arriba de lo normal en la zona de Villa de Pozos, pero esto requiere un mayor número de estaciones de monitoreo”, detalló. Díaz-Barriga indicó que si el recurso del impuesto no se emplea para vigilar las emisiones de las 600 empresas, no habrá otros recursos para hacerlo. Aunado a ello hay empresas que funden metal y algunas son recicladoras de metales, por lo que hay que evaluar el nivel de plomo. “Y si todos los niveles de contaminación son altos algo van a tener que hacer las empresas. No se puede seguir aceptando industria en la Zona de San Luis Potosí y Villa de Reyes y no darles a la Segam los elementos para vigilarlas”, explicó.

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Por último, el doctor agregó que la contaminación ambiental enferma a la población “y el costo de la enfermedad la pagan los ciudadanos, cuando debería pagar la industria”.