La problemática en el pago de pensiones dentro del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí continúa sin resolverse. Integrantes de la asociación de jubilados y pensionados del Supremo Tribunal de Justicia se manifestaron nuevamente para exigir el cumplimiento de sus pagos, denunciando un retraso acumulado de 10 meses en retroactivos correspondientes a 2025, además de la falta de aplicación de un incremento del 3 por ciento a sus pensiones. La vocera del movimiento, Ana Luisa Morales, explicó que las y los pensionados dependen de la regularización de la nómina de los trabajadores en activo para poder recibir sus propios pagos. Sin embargo, tras casi un año de retrasos, aseguró que no han recibido respuestas concretas ni soluciones por parte de las autoridades. “La omisión de estos conocedores del derecho también es un delito”, señalaron, al denunciar que alrededor de dos mil personas permanecen en situación de vulnerabilidad, luego de haber dedicado décadas de trabajo a la institución, muchas veces con jornadas superiores a las doce horas, y que hoy enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas y gastos médicos. Morales hizo un llamado directo a las autoridades estatales para que se liberen los recursos necesarios hacia el Poder Judicial, ya que según explicó, el órgano de administración ha sostenido que no cuenta con suficiencia presupuestal para regularizar ni los tabuladores salariales de los trabajadores activos ni las pensiones, situación que atribuyen al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, señaló que, conforme a la ley, los ajustes salariales debieron realizarse en los primeros días posteriores a la autorización del presupuesto 2026, aprobado desde noviembre de 2025, lo cual no ha ocurrido. También denunció falta de transparencia, al no haberse publicado en el Periódico Oficial del Estado información sobre la regularización de tabuladores o nóminas del Poder Judicial. En ese sentido, la vocera exigió claridad sobre las acciones del órgano de administración, particularmente en los procesos de ajuste y regularización, para conocer el estado real de los movimientos financieros. De acuerdo con su relato, desde el inicio del conflicto únicamente se ha sostenido una reunión formal con autoridades, en noviembre pasado, en la que participaron la presidenta del Supremo Tribunal, Lourdes Anahí Zarazúa, y los consejeros del órgano de administración. En ese encuentro se les aseguró que con la llegada del presupuesto no habría inconvenientes para realizar los ajustes; sin embargo, días después se les notificó que no podrían avanzar sin contar con recursos disponibles. La situación persiste hasta ahora. Incluso, una reunión programada recientemente con la presidenta fue cancelada de último momento, y en su lugar se sostuvo un encuentro con el órgano de administración, el cual reiteró que sin suficiencia presupuestal no habrá avances en pagos ni regularizaciones. Para 2026, el Poder Judicial cuenta con un presupuesto autorizado de aproximadamente 1,371 millones de pesos, apenas 3% superior al de 2025, que fue de 1,320 millones de pesos. De acuerdo con los pensionados, este incremento resulta insuficiente para cubrir los adeudos acumulados, regularizar salarios y atender nuevas necesidades operativas, como la contratación de personal.

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