Durante la presentación del Plan de la Política Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona refirmó su compromiso ante la ciudadanía de dirigir un Gobierno honesto y de verticalidad en su actuar, transparente y con ética, pues “la gente está harta de la impunidad y las malas prácticas gubernamentales”. Afirmó que las acciones fraudulentas de gobiernos anteriores causaron consecuencias funestas como servicios deficientes, obras inexistentes y nóminas infladas y que, además, los recursos públicos que debieron ser empleados en la mejora del servicio a las familias de todo el territorio potosino fueron a engrosar los bolsillos de unos cuantos funcionarios. “Nosotros seguiremos denunciando y buscaremos el castigo a quienes defraudaron la confianza de la gente que día con día sale a trabajar a buscar honradamente su sustento diario”, externó. En el evento, realizado este jueves en Palacio de Gobierno, le fue presentado al jefe del Gobierno estatal el resultado de un diagnóstico de percepción sobre malas prácticas gubernamentales, del cual se traza una ruta de acción mediante 7 ejes que incluyen en su conjunto 62 prioridades. Entre estas vertientes rectoras se encuentra la atención a las necesidades ciudadanas, el fortalecimiento de las normas sociales; la delimitación de intereses para evitar el abuso del poder; la gestión del conocimiento y racionalidad; el fortalecimiento de la capacidad institucional, la rendición de cuentas y el combate a la impunidad. Más adelante, Gallardo Cardona lamentó que en San Luis Potosí gran parte de la población se encuentra en condición de carencia, sin el sustento básico y sin satisfactores esenciales en conceptos de vivienda, salud, alimentación y desarrollo social, primordialmente. En contraste, la nueva administración ya solventa esas necesidades de las familias en las cuatro zonas del Estado.  Añadió que se pondrá un punto final en el manejo discrecional de los recursos públicos y que todas las instancias que operen con fondos de la ciudadanía, sean autónomas o privadas, serán transparentes, austeras y rendirán cuentas a la sociedad.