Familiares de Sanjuana y un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Perteneces, se hicieron presentes este jueves en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para entregar la petición de indulto para Sanjuana Maldonado Amaya, una mujer potosina originaria de Charco Cercado, Guadalcázar (uno de los municipios más precarizados del país, según el INEGI), quien ha estado privada de la libertad injustamente durante casi 15 años, la mitad de una sentencia que la condenó siendo inocente.

“El indulto es la facultad del poder legislativo para otorgar el beneficio a una persona para extinguir la pena impuesta por sentencia irrevocable y que pueda recuperar su plena libertad. Por ello también iniciamos una campaña para juntar firmas por medio de Change.org”, explicó el abogado y presidente de Perteneces, José Mario de la Garza Marroquín.  

Sanjuana Maldonado, una mujer trabajadora, con sueños, estudiante y madre de dos hijos fue condenada a una pena de 30 años de prisión por un delito que no cometió. Su vida ha estado marcada por violencias basadas en el género y la discriminación, que la han llevado a una continua violación de sus derechos humanos.

Cronología de los hechos

En 2009, Sanjuana, en ese entonces una estudiante de 21 años, dejó su comunidad para estudiar en el Tecnológico de Matehuala en busca de mejores oportunidades. Allí conoció a José de 35 años, iniciando una relación marcada por violencia psicológica, emocional y física. Al terminar la relación, Sanjuana fue amenazada y hostigada por José para que no lo dejara, accionando distintos mecanismos de manipulación y violencia psicológica que ejercía sobre ella. 

Posteriormente, José obligó a Sanjuana a acompañarlo a realizar un cobro, trasladándola contra su voluntad. Una vez en el lugar para realizar este cobro, fue detenida en Matehuala por la policía junto con José y otros involucrados, acusándola de un intento de delito contra la libertad personal. Sanjuana fue manipulada y sus derechos fueron violados por el sistema de justicia penal, ya que jamás se trató el juicio con perspectiva de género y no respetaron su presunción de inocencia.

  Dictamen antropológico

Sanjuana proviene de una comunidad criminalizada históricamente, pero, además, con un limitado acceso a los derechos. El continuum de violencia que ha atravesado a lo largo de su vida la expusieron a estar en el lugar donde fue detenida; la colocó en condiciones de vulnerabilidad ante el poder punitivo en un contexto de guerra contra el crimen organizado.

Sanjuana no cometió ningún delito; las pruebas no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad. Sin embargo, fue sancionada con base en omisiones, errores procesales, estereotipos y prejuicios de género. Como resultado de ello, ha vivido 15 años en prisión y sentenciada a 30, porque fue criminalizada por el Estado.  

Exigencia de libertad

La petición de indulto para Sanjuana Maldonado es respaldada por: Apoyare, Asílegal, Cuidadoras Potosinas, Educación y Ciudadanía A.C., Frente Marea Verde, Fundación para la Justicia, Impunidad Cero, La Cana, Las Bengalas, Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, Narrativas Dignas, Organización para Chicas, Otra Oportunidad, Perteneces, Red de Mujeres Periodistas, Reinserta, Rise Up México y Sororal Red de Abogadas.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta exigencia de justicia y libertad a través de change.org https://chng.it/BwYrKmHdCj o sanjuanalibre.org.