La absurda cruzada contra Uber y DiDi en el aeropuerto revela la miopía del gobierno ante la libertad ciudadana.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha convertido en escenario de una batalla digna de una tragicomedia nacional. Mientras la violencia y la inseguridad campean por sus anchas en el país, la Guardia Nacional, esa fuerza que debería estar combatiendo al crimen organizado y protegiendo a los ciudadanos, se dedica con puntualidad casi militar a perseguir y detener a conductores de Uber y DiDi. Sí, las prioridades están claras... pero al revés.

El gobierno ha decidido, de manera por demás cuestionable, desplegar recursos públicos —nuestro dinero, el de todos— para vigilar que los mexicanos no elijan libremente cómo moverse desde y hacia el aeropuerto. El resultado: operativos, persecuciones, detenciones y una clara señal de que aquí quien manda no es la ley, ni el interés ciudadano, sino los intereses de unos cuantos y una visión anacrónica de transporte.

No es la primera vez que el gobierno intenta dictar cómo, cuándo y con quién debemos transportarnos. La cruzada contra las plataformas digitales de transporte. Estas acciones no solo son una afrenta a la libre competencia, sino también —y esto es más grave— una violación directa a la libertad individual.

¿En serio el Estado debe decirnos si podemos o no pedir un Uber? ¿A ese nivel hemos llegado?

La persecución a los conductores no es gratuita: afecta la economía de miles de familias que encontraron en las plataformas una fuente digna de ingresos. Y por si fuera poco, limita la posibilidad de elegir del usuario, ahorcando la competencia y beneficiando monopolios y mafias que durante años dominaron el transporte en el aeropuerto.

¿A quién se protege? Mientras en México miles sufren extorsiones y robos, la Guardia Nacional es desplegada para detener a choferes cuyo “delito” es usar una app. El desvío de funciones no solo es absurdo, sino peligroso: ¿Qué mensaje manda el Estado cuando usa a sus Fuerzas Armadas para proteger intereses particulares y no a los ciudadanos?

Pero, además, Uber tiene una sentencia a su favor que prohíbe a las autoridades del aeropuerto y de la CDMX detener a sus conductores. Pese a ello, sus conductores siguen siendo víctimas de detenciones arbitrarias y discriminatorias en el aeropuerto. Las historias, que ya hemos visto, se repetirán: autos llevados al corralón, multas desproporcionadas, amenazas y humillaciones. Todo esto ocurre ante la mirada complaciente de las autoridades, que prefieren hacer oídos sordos a la justicia y a la razón.

Pero aquí el asunto de fondo es más profundo. La discusión no es solo sobre Uber o DiDi, ni siquiera sobre el aeropuerto. Es sobre la libertad de elegir, sobre el respeto a la ley y sobre la función del Estado en una democracia. Usar recursos públicos para proteger monopolios y perseguir ciudadanos es, simple y llanamente, un abuso. De nada sirven las palabras si en los hechos la legalidad y la libertad siguen siendo pisoteadas. Urge que las autoridades rectifiquen, que respeten la ley y, sobre todo, que dejen de jugar a la persecución cuando lo que el país necesita es justicia y más libertad.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

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@MLOPEZSANMARTIN