Hace unos días, el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, convocó a un taller para que mujeres aprendieran a elaborar un “kit forense”: un paquete con fotografías recientes, datos biométricos, prendas y otros rastros útiles para buscarlas si desaparecen. La indignación fue inmediata. El anuncio fue retirado y se canceló la actividad. Hubo disculpas y una destitución. Pero el escándalo no estalló nada más por torpeza. Estalló porque, en un país con 132 mil personas desaparecidas, tocó un nervio: la intuición de que en México no basta con tratar de seguir vivos; hay que dejar muestras por si un día no regresamos.

No es que la autoridad municipal haya sido indolente, es que expresó con brutal franqueza una pedagogía que lleva años incubándose entre nosotros: el Estado no te busca si desapareces; aprende a arreglártelas. La desaparición no como algo insoportable, sino como una contingencia para la que convendría estar preparados.

La idea del “kit forense” escandalizó no tanto por trasladar a las potenciales víctimas una tarea que le corresponde al Estado, sino porque no es inverosímil que lo haga. Pudo sonar grotesco, pero no absurdo. Todos entendemos de inmediato lo que implicaba. Todos sabemos, sin mayores explicaciones, qué tipo de país puede producir una convocatoria así. Esa inteligibilidad instantánea es el fondo de la noticia.

Durante años, México ha aprendido a convivir con formas cada vez más sofisticadas de adaptación al horror. Familias que guardan muestras de ADN. Madres que fotografían la ropa de sus hijos antes de salir. Colectivos de búsqueda que sustituyen con picos, palas y libretas la ausencia de fiscalías competentes. Jóvenes que comparten ubicación en tiempo real no como gesto casual, sino como disciplina de supervivencia. Lo que se socializa no son sólo protocolos de cuidado: son prácticas de anticipación forense.

No se trata de una aberración local. En estos mismos días, reportajes sobre Mazatlán y Puerto Vallarta muestran familias buscando hijos, hermanos o esposos presuntamente captados por redes de reclutamiento forzado: jóvenes engañados con ofertas de trabajo o secuestrados en centros de rehabilitación, en territorios donde la frontera entre desaparición, cooptación y explotación se desdibuja.

La polémica no debería cerrarse con la destitución de la funcionaria responsable ni con la disculpa institucional. No faltó “sensibilidad”, sobró verdad. La convocatoria fue obscena porque dijo en voz alta algo que los mexicanos sabemos en silencio: el Estado no nos protege como ciudadanos; en el mejor de los casos, quizá nos identifique como cuerpos.

El problema va más allá de la pérdida de confianza en las instituciones. Es la degradación que ocurre cuando ajustamos nuestra conducta a esa pérdida y la convertimos en costumbre. Ahí el problema deja de ser sólo político y se vuelve civilizatorio: no es únicamente que el Estado falle; es que su falla se vuelva cultura cívica.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg