El senador Alejandro Alito Moreno logró el respaldo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N', preso por su probable participación en el tráfico de hidrocarburos.

En su calidad de presidente de la Copppal, el dirigente nacional priista obtuvo un pronunciamiento conjunto de los partidos de la región para calificar a Ernesto 'N' como preso político y señalar que denunciarán en foros internacionales la aprehensión del exmandatario estatal.

“La Copppal expresa su solidaridad con Ernesto, exige el pleno respeto a sus derechos fundamentales y anuncia que dará seguimiento permanente a este caso, y hará denuncias en foros internacionales, promoviendo su análisis y discusión en los principales escenarios políticos y democráticos regionales, con el propósito de advertir sobre cualquier retroceso en materia de Estado de Derecho, independencia judicial y libertades políticas en México”, dice el manifiesto.

La Copppal está integrada por 75 partidos de 30 países de América Latina y el Caribe. Los dos institutos políticos nacionales de México que forman parte de ella son el PRI y Movimiento Ciudadano, así como los partidos locales PRD y Partido Laborista.

De acuerdo con el pronunciamiento, la Copppal condena toda utilización de las instituciones de justicia con fines políticos “y lamenta profundamente los hechos que rodean el proceso seguido contra el exgobernador de Baja California, México, Ernesto 'N', primer gobernador del PAN”.

Para la Copppal, los acontecimientos que rodean este caso “apuntan a una preocupante instrumentalización política de la justicia, en un contexto de creciente polarización nacional, lo que debilita el Estado de Derecho, vulnera la presunción de inocencia y envía un mensaje de intimidación a quienes ejercen la oposición democrática”.

Luego de señalar la aprehensión del exgobernador de Baja California como “condenable”, los partidos latinoamericanos señalan que el exgobernador está siendo utilizado como un distractor de los problemas fundamentales del país.

“Resulta particularmente grave que un personaje emblemático de la transición democrática mexicana sea sometido a un proceso que, por sus características y por el contexto en que se desarrolla, es percibido por amplios sectores políticos y sociales como una acción de naturaleza política.

“La justicia nunca debe convertirse en un mecanismo para desacreditar adversarios ni para distraer la atención de los problemas que enfrenta México”, dice el manifiesto.

La Copppal señaló que el respeto al debido proceso, la independencia judicial y la presunción de inocencia constituyen principios irrenunciables de toda democracia.

“Cuando estos principios se ven comprometidos o existen motivos razonables para cuestionar su observancia, corresponde a la comunidad democrática levantar la voz.

“La Copppal seguirá pronunciándose por fortalecer el Estado de derecho e impedir la judicialización de la política o la politización de la justicia en todas sus formas y desterrar la práctica del Lawfare. Es tiempo, que los aparatos judiciales de nuestras naciones dejen de ser usados como un arma para destruir a la política y a los líderes opositores”, concluyó.

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Con información de Excélsior