El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, por primera vez, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trató de “un crimen de Estado” y, en las últimas semanas, las autoridades han detenido -en relación al caso-, al exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado de torturas; y a cuatro militares de alto rango. El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa presentó el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, en el que, además de reconocer que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado, se detalla que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. También se confirmó la infiltración en la escuela de un soldado infiltrado, Julio César López Patolzin, que habría ayudado presuntamente a localizar a los estudiantes y que terminó por desaparecer junto con los otros 42 jóvenes. “Es muy relevante que el Estado reconozca por un lado que hubo responsabilidad estatal en las desapariciones, que no se trataba solo de un grupo de policías locales coludidos con un grupo pequeño del crimen organizado”, dijo en entrevista con Efe, María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Explicó que el informe reconoce la colusión de los tres niveles del Estado, “el estatal, el federal e incluso militares castrenses”. Otro tema del informe “no tan visible”, relató, son los obstáculos que se han interpuesto por parte de las Fuerzas Armadas para alcanzar la verdad, ya que tardaron tres años en entregar la información relativa al caso a pesar de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba que todas las instituciones hicieran entrega de estos documentos. Cuatro militares detenidos En días posteriores a la publicación del informe indicó que se habían emitido más de 80 órdenes de aprehensión entre ellas 20 a militares de los batallones de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los jóvenes. Sin embargo, hasta el momento solamente 4 se llevaron a cabo. Esto, tanto para los familiares de las víctimas como para organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, supone un escenario de incertidumbre y espera, puesto que, aunque para ellos es positivo que el Estado reconozca la implicación de las Fuerzas Armadas en el mencionado y trágico caso, no comprenden que las detenciones vengan a cuentagotas. “No podemos decir que lo celebramos, más bien tenemos preocupación por esa dosificación”, dijo en una entrevista con Efe en la escuela rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes. “Hicieron públicas las órdenes de detención el 28 o 29 agosto, y en esa misma fecha hicieron público que notificaron a la Secretaría de la Defensa Nacional estas órdenes. A partir de ahí la Secretaría tenía el deber de poner a esas personas ante las instancias que las estaban requiriendo”, añadió. Hasta el momento han sido arrestados el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. “En ese sentido se puede hacer un balance todavía cuidadoso frente a lo que se ha hecho hasta ahora (las detenciones) pero también hay preocupación por algunas cosas que se vislumbran”, compartió Aguilar. La experta insistió en la importancia de que las acusaciones de los actuales detenidos tengan solidez para que el caso no se desmorone. Participación anunciada Por otra parte, la aceptación en el informe de la participación de militares en el caso Ayotzinapa, llega tiempo después de que múltiples organizaciones de derechos humanos y los familiares aseguraran la implicación de militares. “Lo sabíamos desde el principio pero la sociedad no nos quiso creer. Exigimos la ejecución de todas las órdenes de aprehensión”, dijo la semana pasada en un mitin en Chilpancingo (Guerrero), Blanza Luz Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes desaparecidos. Y la lucha, que no cesa desde 2014 por parte de compañeros estudiantes y familiares, ha tomado fuerza contra los militares. La semana pasada estudiantes quemaron en Chilpancingo y en Iguala dos camiones en las puertas de los batallones militares a los que pertenecían militares implicados. “Hay mucha gente que tiene cierto descontento por las actividades radicales que se han llevado, pero estas actividades tienen un fin, se hacen acciones radicales para meter presión al Gobierno y se hacen en los batallones porque son ellos los que están involucrados en la desaparición”, defendió en entrevista con Efe en la escuela rural de Ayotzinapa el estudiante Alexander Salazar. En los últimos meses se debate en México el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y también la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que organizaciones civiles, oposición y expertos califican como militarización del país. Según Aguilar, el avance de la militarización del país se contrapone al reconocimiento por parte del Estado de la participación de militares en el caso Ayotzinapa, ya que en ocho años desde lo sucedido las Fuerzas Armadas han mostrado opacidad y la Fiscalía General de la República ha denotado ausencia de control del actuar de los militares. “Yo creo que lo que las organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando por muchos años es que la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad no dan cuenta de que sea una estrategia exitosa”, terminó la experta. --

Con información de López-Dóriga