“¡Oríllese a la orilla! ¡Oríllese a la orilla! Párate, güey. No te voy a hacer nada”.

Así, entre gritos y una calma que no termina de convencer, un grupo de taxistas recibió a la sociedad potosina en pleno Centro Histórico en los albores de la semana; la escena, como era de esperarse, terminó por inundar redes sociales y primeras planas.

Taxistas manifestándose. Nada nuevo. Exigiendo lo de siempre: que las plataformas se regularicen.

Lo curioso es que, en ese intento por empujar a otros hacia la legalidad, se cruzaron -sin demasiado reparo- varias líneas que la propia ley traza con bastante claridad, pues detener vehículos particulares, rodearlos y decidir quién avanza y quién no, no es solamente una forma de protesta que se salió de control, sino un hecho que puede caer en la privación ilegal de la libertad, una acción que dista mucho de ser menor y que contempla sanciones de cárcel.

A eso se suma el bloqueo de vialidades en una zona clave de la ciudad, que la ley lo reconoce como un ataque a las vías de comunicación. Y si a eso se le agrega la actuación coordinada de un grupo que busca imponer condiciones, el asunto escala hacia el viejo principio que la ley intenta evitar: hacerse justicia por propia mano.

Y mire, lo hemos dicho antes en este mismo espacio: los taxistas no están peleando en el vacío.

Detrás de una concesión hay años -en muchos casos casi dos décadas- de trámites, pagos, revisiones y filtros administrativos que no siempre son limpios; hay burocracia, hay simulación y también un servicio que con frecuencia queda a deber. Pero, con todo y sus fallas, existe un sistema que regula, ordena y, al menos en el papel, busca dar certezas.

Desde ahí, su reclamo tiene lógica; lo que cuestionan no es menor, sobre todo cuando del otro lado operan esquemas que no encajan del todo en esa misma estructura.

Es un hecho que la autoridad estatal sostiene que las plataformas son ilegales porque no cuentan con concesión; sin embargo, en el ámbito federal, las resoluciones han ido en otro sentido, reconociendo estos servicios como acuerdos entre particulares, lo que los coloca en una zona distinta a la del transporte público tradicional.

Lo que hay, entonces, no es una respuesta clara sino un terreno a medio definir, donde la ley local y los criterios federales no terminan de empatar.

Regular plataformas no implica únicamente ordenar un servicio; también significa tocar un sistema de concesiones que durante años ha funcionado como estructura política, como bolsa de negociación y como mecanismo de control. Abrir ese modelo, limitar unidades o exigir padrones no es una decisión técnica de libreta y ya, sino un movimiento que reconfigura intereses.

Mientras tanto, la ciudadanía ya tomó una ruta que no necesariamente pasa por la ley, sino por la necesidad.

Miles de potosinos usan aplicaciones todos los días, no como gesto de rebeldía sino como respuesta a un servicio que, en muchos casos, no les resuelve; esa distancia entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la calle es, quizá, una de las partes más reveladoras de todo este conflicto.

Y lo peor de todo es que ni son todos los taxistas los antagonistas de esta historia, ya que muchos -la mayoría, de hecho- salen a hacer su chamba, se ponen una meta diaria y, con un pelín de suerte, hicieron más que eso. Se lo cuenta un extaxista. Del otro lado, hubo un conductor de plataforma que decidió avanzar con el vehículo para salir del bloqueo. Tampoco queda en una posición completamente limpia; un automóvil, en ese contexto, puede convertirse en un medio de agresión, aunque no haya una intención clara de causar daño grave.

Pero también es cierto que la ley contempla escenarios donde una persona actúa para proteger su libertad o su integridad; cuando alguien es retenido sin facultades por un grupo, la línea entre la infracción y la defensa comienza a volverse menos rígida, y es ahí donde aparecen figuras como la legítima defensa o el estado de necesidad.

Nada de esto es simple, y quizá ahí está el fondo del asunto.

Porque más allá de taxis o plataformas, lo que se empieza a asomar es una lógica donde distintos actores deciden actuar por su cuenta ante la ausencia -o la insuficiencia- de una respuesta clara por parte de la autoridad.

Cada quien interpreta la ley. Cada quien la ejecuta.

Y eso, más que cualquier discusión sobre concesiones o aplicaciones, debería llamar la atención.

Porque una causa puede tener elementos atendibles; lo que no se sostiene es el camino que se elige para defenderla cuando ese camino pasa por encima de la ley.

En la Plaza de Fundadores, mientras todo esto ocurría, la ciudad no se detenía; apenas se deformaba, como si alguien la hubiese tomado por los bordes para estirarla hasta el límite.

Un guitarrista urbano, con el rostro oculto tras una máscara que ya no protegía nada, recogía con cuidado las monedas de su estuche antes de cerrarlo; frente a él, dos policías revisaban sus cosas con esa mezcla de rutina y sospecha que convierte cualquier acto cotidiano en una escena menor de autoridad. El sonido de la calle, que antes era música, se iba apagando en pequeños gestos.

A unos pasos, entre cláxones y discusiones, alguien gritaba a los manifestantes desde la banqueta, con esa furia que no distingue destinatarios, que mejor se pusieran a trabajar, como si el trabajo no estuviera ahí mismo, descompuesto, mal pagado, disputado; como si todo fuera cuestión de ganas y no de un sistema que ha quedado a deber por años.

Más adelante, todavía con la adrenalina en el cuerpo, los taxistas hablaban de demandas, de placas anotadas, de organizarse, de ir juntos; la escena tenía algo de coro improvisado, de justicia que se anuncia en voz alta para convencerse a sí misma. En algún lugar -no muy lejos, pero tampoco visible- imagine al escribiente de la demanda, estirando la ley a más no poder porque debajo del encono del gremio taxista tiene que anotar ahora los delitos que ellos mismos cometieron esa mañana.

Dos cuadras atrás, atrapada en el mismo nudo, una funcionaria de gobierno -impaciente- miraba el reloj dentro de una Lincoln, calculando tiempos y preguntándose por qué carajo no avanzaba el tráfico.

Todo ocurría al mismo tiempo, como si cada escena ignorara a la otra y, sin embargo, dependieran entre sí.

La protesta, la molestia, la necesidad, la ley forzada desde distintos frentes.

Y en medio de ese paisaje, cada quien actuando como puede, como cree o como le conviene, con la certeza -o la necesidad- de tener razón.