El gobierno federal encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de la nueva Ley de Aguas, la cual representa un cambio estructural para garantizar el acceso equitativo al recurso con el fin de poner un freno a prácticas de acaparamiento, especulación y uso ilegal del vital líquido.

De acuerdo con la mandataria, dichas prácticas se consolidaron durante el período neoliberal, por lo que ahora la legislación elimina las transmisiones de concesiones entre particulares, mecanismo que permitió la creación de un “mercado negro del agua”.

Asimismo, la jefa de Estado reveló diversas irregularidades en las que han incurrido empresas refresqueras, embotelladoras y la familia de un exgobernador del estado de Querétaro.

Según se señaló, los involucrados son el exmandatario estatal, José Calzada, y el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada, quienes hacían mal uso de sus títulos de concesión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la primera presidenta del país, este modelo impedía que usuarios legítimos accedieran al recurso; es decir, “si este acuífero permitía la explotación de 100 metros cúbicos y ya estaba concesionado a alguien que nunca lo usó, otra persona que realmente lo necesitaba ya no podía obtenerlo”, detalló.

En más sobre el tema, el titular de Conagua, Efraín Morales López, explicó que, bajo el esquema anterior, concesiones otorgadas para uso agrícola eran transferidas a actividades industriales, inmobiliarias o de servicios, generando ganancias millonarias.

Morales López indicó que, con la nueva legislación, estas prácticas podrán ser sancionadas con multas de hasta 3.5 millones de pesos e incluso penas de prisión de hasta cinco años.

Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano al agua”, comentó.

Adeudos cercanos a los 12 mil millones de pesos

El titular de Conagua también informó que se han detectado irregularidades en empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras. En uno de los casos, señaló que se identificaron adeudos por 234 millones de pesos, de los cuales ya se han cubierto parcialmente, mientras que en otro se registraban incumplimientos en medidores, descargas sin autorización y pagos incompletos.

Derivado de lo anterior, el funcionario federal hizo un llamado a las empresas a regularizar su situación, al advertir que existe un adeudo presuntivo cercano a los 12 mil millones de pesos, con riesgo de sanciones y cancelación de concesiones.

Datos oficiales apuntan que la implementación de la nueva ley permitió incrementar la recaudación en 2025 en alrededor de 3,000 millones de pesos, con una proyección de aumento adicional de 6,300 millones en 2026.

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Con información de Excélsior