Luce cada vez más improbable que Claudia Sheinbaum aproveche las presiones de Estados Unidos para combatir la narcopolítica en México. El punto no es concederle o negarle el beneficio de la duda, sino señalar su responsabilidad política: ella es la Presidenta y la decisión es suya. A estas alturas todo indica que optará por atrincherarse en la denuncia del intervencionismo, en el cierre de filas partidista y en la obstinada espera de que, tarde o temprano, pase la tormenta.

Apostar por la resistencia puede parecer políticamente rentable. Activar los reflejos nacionalistas ordena a su coalición. Presentarse como defensora de la soberanía le permite tachar de vendepatrias a quien la cuestione. Es, sobre todo, una forma de evitar un rompimiento interno en el oficialismo. El costo es que nada de eso resuelve los problemas que la acorralan: ni el poder que ha adquirido la delincuencia organizada en México ni la creciente hostilidad de Washington. Al contrario.

Hacia adentro, esa estrategia encarece cualquier deslinde. Si toda acusación contra funcionarios de Morena proveniente de Estados Unidos se interpreta como injerencia inaceptable, cualquier exigencia de investigar a gobernadores, legisladores, miembros del gabinete u operadores queda bajo sospecha de traición. El empeño de proteger a algunos termina manchándolos a todos. Cada nuevo retiro de visa, filtración o expediente refuerza la imagen de que no se trata de casos aislados, sino de una complicidad generalizada. La coalición gobernante quizá conjure el riesgo de ruptura, pero al precio de absorber colectivamente el desgaste reputacional. El mensaje para la delincuencia organizada, además, es inequívoco: mientras la soberanía sirva para encubrirla, sus pactos con el poder operan como un seguro. Resistir, lejos de socavar la gobernanza criminal, la consolida.

Hacia afuera, el atrincheramiento tampoco contiene a Washington: lo invita a escalar. Porque en la Casa Blanca cada negativa mexicana se interpreta menos como respeto al debido proceso que como indicio de encubrimiento. Si Sheinbaum no actúa contra el contubernio entre política y crimen, Trump le subirá la temperatura. Para un presidente acostumbrado a negociar mediante amenazas, la reticencia mexicana no marca un límite: corrobora la percepción de que “México está gobernado en gran medida por los cárteles del narcotráfico”. En esa lógica, cada evasiva justifica un nuevo apretón. Y el repertorio, en ese sentido, es vasto: amenaza de aranceles, sanciones financieras, demandas de extradición, inteligencia más intrusiva, operaciones unilaterales...

Al final, cuanto más evita la Presidenta un ajuste de cuentas con la narcopolítica mexicana, más expuesta queda a que Washington lo imponga desde el exterior. El nacionalismo como sinónimo de impunidad no fortalece a México, lo debilita: convierte la soberanía en mera administración de su propia decadencia.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR