Luego de la muerte de 14 mexicanos en centros de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, el gobierno de México, a través del Cancillería, se sumará a la demanda colectiva contra esta agencia federal, iniciada el 26 de enero pasado por familiares de cuatro personas que permanecen al interior del centro de detención de Adelanto, California en presuntas condiciones de confinamiento que violan estándares internacionales de Derechos Humanos.

En conferencia de prensa desde el Consulado General de México en Los Ángeles, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, recordó el más reciente caso del mexicano José Guadalupe Ramos, quien murió el pasado 25 de marzo, sin que hasta el momento la autoridad informe sobre la causa.

Este connacional tenía más de 20 años en territorio norteamericano e incluso con hijos nacidos allí. Explicó que el caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado, sino reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable, pues desde enero de 2025 el gobierno de México ha documentado 14 fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia de autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio.

“Tan solo, en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto del condado de San Bernardino cuatro personas mexicanas han fallecido por aparentes complicaciones médicas lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales, la reiteración y frecuencia de estas muertes son absolutamente inaceptables”, advirtió.

La funcionaría consideró que estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen los propios protocolos y normas de los Estados Unidos.

En la demanda L.T. Mesrobian contra ICE, a la que se sumará México en su calidad de Amicus Curiae, fue presentada por Public Counsel de Los Ángeles, una firma de asesoría legal, se denuncian presuntas condiciones insalubres, aislamiento punitivo. Además de una limitada atención a necesidades básicas en cuanto atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como deficientes condiciones sanitarias.

“El gobierno de México apoyará dicha demanda con el objetivo de que las condiciones de detención, los procesos aplicables garanticen un trato digno y seguro, incluyendo acceso oportuno a evaluaciones médicas profesionales, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud. Consideramos importante visibilizar esta realidad, dolorosa e inaceptable”, sostuvo. Añadió que, en todos los casos de mexicanos, la red consular ha activado los protocolos de atención, brindado acompañamiento a las familias, emitido notas diplomáticas a la embajada estadounidense y apoyado la repatriación de los cuerpos de quienes sus familiares así lo han solicitado.

Sin embargo, Vanessa Calva reconoció que a la fecha no se han recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos.

En tanto, el cónsul mexicano en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, aclaró que la operación de los centros de detención de ICE se hace, a través de una subcontratación de servicios a empresas privadas, como es el caso de GEO Group, Inc. en Adelanto, California, que, al representar a la autoridad pública, deberían ser responsables de atender las necesidades médicas y de garantizar una alimentación adecuada a cada persona bajo su custodia, que no hacen.

 “Nos preocupa la operación y la concesión a empresas privadas. Cada muerte representa una tragedia humana, una vida perdida, una familia devastada y una comunidad afectada”, apuntó.

El cónsul informó que mil 809 compatriotas entrevistados en el centro de detención de Los Ángeles, sujetos a deportación, el 92 por ciento de ellos hombres y el resto mujeres, son personas que han echado raíces en Estados Unidos con un promedio de estancia de 10 años (50%) y de hasta 30 años, con incluso hijos nacidos en la Unión Americana, lo que evidencia que son parte de una comunidad que han aportado al desarrollo y al crecimiento de la economía del país vecino.

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Con información de Excélsior