De acuerdo con el INE, el próximo 6 de junio de 2027 se elegirán 20 mil 109 cargos públicos en todo el país, entre ellos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y más de 18 mil cargos en ayuntamientos, lo que representa una oportunidad para fortalecer la democracia y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La magnitud de esta elección adquiere especial significado a la luz del informe Latinobarómetro 2026, según el cual apenas 53% de los mexicanos considera que la democracia, pese a sus problemas, es el mejor sistema de gobierno, 12 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano.

El informe revela que 46% de los mexicanos considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, 40% sin Congreso y 42% sin oposición. Incluso, 28% cree que podría funcionar sin elecciones. Estas respuestas contrastan con el papel que deben desempeñar esas instituciones para representar a los ciudadanos, expresar la pluralidad política y establecer límites al ejercicio del poder.

A ello se suma que solamente 25% de los mexicanos se siente representado por el Congreso y apenas 18% manifiesta confianza en los partidos políticos. Por otra parte, 53 % afirma que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resuelve los problemas, una respuesta que refleja la importancia que los ciudadanos conceden a la eficacia gubernamental.

El desafío consiste en responder a esa exigencia de resultados y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones que garantizan nuestros derechos y libertades. La democracia permite elegir a quienes gobiernan, exigirles cuentas y sustituirlos pacíficamente, pero su valoración también depende de la capacidad de las autoridades para atender los problemas cotidianos de los ciudadanos.

La política debe tener como punto de partida a la persona, sus necesidades, libertades y aspiraciones. Las instituciones y quienes ejercen la autoridad están al servicio de los ciudadanos y tienen la responsabilidad de crear condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades, realizar sus proyectos y participar en las decisiones que afectan su vida y la de sus comunidades.

Las elecciones de 2027 ofrecen a los gobiernos, partidos políticos, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad la oportunidad de contribuir a recuperar la confianza ciudadana, cada uno desde sus responsabilidades. En particular, como hemos señalado desde Coparmex, las autoridades electorales deben garantizar la certeza en la organización de los comicios, el cumplimiento de las reglas y la eficacia de los mecanismos de vigilancia.

Para los partidos políticos, los datos plantean un desafío especialmente importante. Si casi tres de cada cuatro mexicanos no se sienten representados por el Congreso, existe una distancia que merece ser atendida. El proceso electoral ofrece la posibilidad de revisar la selección de candidatos, mejorar los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y presentar compromisos que permitan evaluar posteriormente el desempeño de quienes resulten electos.

La competencia electoral puede contribuir a mejorar las propuestas de gobierno cuando los participantes confrontan alternativas sobre problemas concretos. Seguridad, crecimiento económico, empleo, servicios públicos y funcionamiento de las instituciones son asuntos sobre los cuales la ciudadanía necesita conocer prioridades, soluciones y posibilidades reales de cumplimiento, más que narrativas partidistas, descalificaciones y confrontaciones que poco aportan a la solución de sus problemas. Un debate de esta naturaleza permite valorar mejor las distintas opciones y exigir responsabilidades después de la elección.

Para contribuir a ese debate, la sociedad también debe ejercer de manera informada su derecho a elegir, participar, apoyar y disentir. Las organizaciones civiles, académicas, profesionales y empresariales pueden aportar mediante el análisis de propuestas, la promoción del debate público y el seguimiento de los compromisos asumidos por quienes aspiran a gobernar. Esta participación debe realizarse con autonomía frente a los gobiernos y los partidos.

La discusión electoral debe tomar en cuenta la diversidad de nuestra estructura productiva, integrada por trabajadores, comerciantes, agricultores, profesionistas, emprendedores y empresas de todos los tamaños. Conocer sus necesidades y aspiraciones, así como las condiciones en que desarrollan sus actividades en las distintas regiones del país, permitiría construir propuestas económicas y sociales más cercanas a la realidad de los mexicanos.

Desde el sector empresarial tenemos razones y responsabilidades para participar. La seguridad, la certidumbre jurídica, la infraestructura, la educación y las condiciones para invertir y generar empleos dependen en buena medida de las decisiones públicas. Nuestra contribución puede consistir en aportar información, formular propuestas viables y propiciar un diálogo que ayude a convertir las demandas sociales en políticas públicas capaces de producir resultados.

El próximo 6 de junio será una fecha importante, pero lo que ocurra durante los meses previos también puede influir en la manera en que los mexicanos valoran su democracia. La originalidad de las campañas, las formas de escuchar y dialogar con los ciudadanos, el respeto a las reglas, la actuación de las autoridades y la disposición de los participantes a reconocer la pluralidad tendrán consecuencias sobre la confianza ciudadana.

Los resultados de Latinobarómetro merecen convertirse en un motivo de reflexión. Si una parte considerable de la población duda de la utilidad de las instituciones democráticas, corresponde a quienes las integran y a la sociedad organizada contribuir a que cumplan mejor sus funciones. El proceso electoral de 2027 ofrece una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección y para recordar que la libertad, la participación y los buenos resultados son componentes indispensables de una democracia que aspire a merecer la confianza de sus ciudadanos.

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Con información de Excélsior